El Gobierno oficializó la eliminación del peso mínimo obligatorio para la faena bovina, reconociendo así una práctica que ya estaba generalizada en el sector. Desde 2007, la normativa exigía un mínimo de 140 kg en hembras y 165 kg en machos, pero en la práctica muchos establecimientos operaban por debajo de esos valores. Con esta decisión, se habilita formalmente al productor y al frigorífico a decidir el momento más conveniente para enviar a faena, ajustándose a criterios propios de rentabilidad y manejo.

El anuncio fue recibido con satisfacción por representantes de la industria frigorífica y de los productores. Para Sebastián Bendayán, gerente de Cáfrisa, "la norma aporta previsibilidad, ya que los productores faenarán cuando la ecuación económica lo permita". A su vez, Daniel Urcía, de FIFRA, sostuvo que la exigencia anterior era una "hipocresía" que beneficiaba en el corto plazo a ciertos frigoríficos, pero distorsionaba el sistema de producción y encarecía el ganado en el largo plazo.

Entre los beneficios esperados se destaca una mayor libertad de gestión, menor presión burocrática y una reducción de los costos sanitarios y logísticos. Sin la imposición de límites mínimos, se eliminan penalizaciones o cauciones por faenar animales livianos, y cada productor puede diseñar su estrategia comercial de forma más eficiente.

Esta medida se enmarca en una serie de políticas de desregulación que el Gobierno impulsa para mejorar la competitividad del sector agropecuario. Sin embargo, referentes del rubro advierten que el nuevo escenario debe ir acompañado de un esquema de incentivos productivos: acceso a créditos, fortalecimiento de infraestructura, mejora en la genética animal y programas de sanidad. Solo así se podrá transformar esta libertad en un verdadero salto de calidad para la ganadería argentina.

Aunque aún hay versiones cruzadas sobre su fecha de aplicación, fuentes del sector sostienen que el nuevo régimen comenzaría a regir de forma plena desde el 1° de enero de 2026. Hasta entonces, la industria se prepara para operar con un mayor margen de decisión, pero también con nuevas responsabilidades.

En definitiva, la eliminación del piso mínimo de faena marca un punto de inflexión en la política ganadera. Abre una etapa de mayor autonomía, pero también de mayores exigencias para garantizar la eficiencia, la calidad sanitaria y la sustentabilidad en todo el proceso productivo.