En una jornada marcada por las tensiones políticas y los intereses productivos, el kirchnerismo logró un dictamen de mayoría en Diputados para avanzar con la derogación del decreto 273/2025, que habilita la importación de maquinaria agrícola usada. La medida, impulsada por el Gobierno para abaratar costos y mejorar la competitividad de las pymes, encontró una fuerte resistencia en la oposición, la industria y los sindicatos.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Comercio fue escenario de un cruce de posiciones donde se puso en juego más que una política puntual: el modelo de desarrollo industrial que Argentina quiere para su agro.

El proyecto, presentado por el diputado Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria, Tierra del Fuego), propone reinstaurar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) y restablecer los controles sobre el ingreso de equipos usados. La iniciativa obtuvo 27 votos a favor, frente a los 19 de La Libertad Avanza y los 3 de Encuentro Federal, que firmó un dictamen de minoría.

Desde el oficialismo, el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, defendió el decreto al asegurar que el país está "descapitalizado" y que las pymes "no pueden acceder a maquinaria nueva por falta de crédito". Argumentó que la apertura controlada permitiría un "salto tecnológico" en regiones donde el parque de tractores tiene entre 15 y 20 años de antigüedad.

"Una cosechadora en la Argentina costaba el doble que en Brasil", ejemplificó Lavigne, y añadió que "abrir el mercado de bienes usados disciplina los precios internos y acerca los valores locales a los internacionales".

El funcionario negó que la medida afecte la producción nacional, citando que solo ocho de los 2.700 tractores importados en el primer semestre fueron usados, lo que, según dijo, demuestra que "una cosa no quita la otra".

Sin embargo, la industria metalmecánica y los gremios sostienen una visión opuesta. Hernán Zubeldía, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), advirtió que la decisión "pone en riesgo el futuro del sector" y puede "destruir años de desarrollo tecnológico e innovación local".

"Una Argentina sin industria no funciona", remarcó Zubeldía, subrayando que "cada avance del campo fue posible gracias al desarrollo local de maquinaria".

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán fue aún más tajante:

"Me avergüenza que se celebre destruir la industria nacional. Estamos yendo a contramano del mundo, que hoy compite por preservar el trabajo calificado".

Los contratistas rurales, por su parte, plantearon su propia crisis. Luis Freddy Simone, representante del sector, aseguró que "estamos todos fundidos por la falta de políticas y de créditos" y reclamó una ley de tránsito rural que contemple la realidad de los trabajadores del campo.

"Si nos dan crédito y nos dejan trabajar, las fábricas se llenan de gente", sentenció.

El debate evidenció una fractura más profunda entre dos visiones: una que apuesta por abrir mercados y reducir costos a corto plazo, y otra que prioriza la defensa del entramado industrial nacional.

Mientras el oficialismo insiste en que la medida busca mejorar la productividad y modernizar el agro, el kirchnerismo y los gremios alertan sobre el riesgo de perder soberanía tecnológica y empleo calificado.

El proyecto deberá ahora pasar al recinto, donde el resultado aún es incierto, pero el mensaje político ya quedó claro: el futuro del agro argentino se discute tanto en los campos como en el Congreso.