La eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) por parte del Gobierno nacional encendió una señal de alerta en el sector industrial agrícola argentino. A tres meses del cambio normativo, los fabricantes nucleados en la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT) reclamaron públicamente el restablecimiento de un sistema que exija la consulta al fabricante nacional antes de autorizar el ingreso de maquinaria usada del exterior. El pedido apunta a evitar una competencia desleal en un contexto económico complejo y con altos niveles de obsolescencia en el parque de equipos local.

La desregulación vigente, establecida por el Decreto 273/2025, suprimió el rol del CIBU como herramienta de control técnico y sanitario, permitiendo el ingreso sin restricciones de maquinaria usada desde cualquier origen. Esto genera inquietud entre los industriales locales, que advierten sobre el posible deterioro de la producción nacional, riesgos para la trazabilidad, y la introducción de plagas exóticas sin verificación previa, en detrimento del campo argentino.

Según datos de AFAT, el 80% del parque de cosechadoras en la Argentina supera los diez años de antigüedad y el 70% de los tractores tienen más de 18 años. Técnicamente, el promedio ideal de uso para mantener la eficiencia operativa en tractores ronda los cuatro años, mientras que en países como Brasil este indicador se encuentra entre los seis y siete años. La falta de modernización impacta directamente en los rindes y la productividad del agro, elementos clave para la rentabilidad del sector.

Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT, señaló que aún debe pasar al menos un ciclo agrícola para poder evaluar con precisión el impacto real de la medida. Por su parte, Juan Lozano, gerente de relaciones institucionales de CNH Argentina, sostuvo: "Estamos a favor del libre comercio y de la apertura comercial, pero con reglas claras, en un terreno nivelado para todos". Esta posición fue respaldada también por Carlos Palmieri, vicepresidente de AFAT y gerente general de Jacto Argentina, y por Daiana Repetti, de Claas Argentina.

La industria destaca que una cosechadora con tecnología actual puede incrementar la productividad entre un 20% y un 25% respecto a una máquina con más de una década de uso. Además, las nuevas tecnologías permiten monitorear en tiempo real el estado operativo del equipo, reduciendo los costos de mantenimiento y evitando paradas prolongadas que afectan tanto al productor como a la empresa proveedora de servicios.

Pese a que desde diciembre de 2024 quedó sin efecto el impuesto PAIS, las empresas siguen enfrentando dificultades por los saldos de crédito fiscal acumulado, que el Estado continúa devolviendo de manera parcial. A esto se suman los reclamos estructurales sobre la presión impositiva, el costo laboral y la falta de infraestructura vial, todos factores que limitan la competitividad de la industria argentina frente a las condiciones más favorables que presentan países vecinos.

Palmieri, en ese sentido, comparó que un operario de fábrica en Brasil percibe el equivalente a 450 dólares, frente a los 1000 dólares que cobra uno argentino para fabricar los mismos equipos. "Las cargas sociales y el costo asociado al Estado están completamente desbalanceados", aseguró. En ese marco, los empresarios reclamaron también por una ley de tránsito específica para maquinaria agrícola, como la que ya tienen Brasil, Uruguay o Estados Unidos, para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en zonas rurales.

En definitiva, desde el sector insisten en que la eliminación del sistema de consulta previa representa un retroceso en términos de política industrial, previsibilidad y sustentabilidad. La apertura indiscriminada sin controles técnicos ni participación del fabricante local no solo afecta la economía de las fábricas, sino que también debilita el objetivo de dotar al campo argentino de herramientas modernas, seguras y eficientes para afrontar los desafíos de la producción agropecuaria del siglo XXI.