El presidente Javier Milei anunció la reducción permanente de los derechos de exportación para una serie de productos agropecuarios estratégicos. En el caso de la soja, la alícuota pasó del 33% al 26%; la harina y el aceite de soja bajaron del 31% al 24,5%, y tanto el maíz como el sorgo redujeron sus retenciones del 12% al 9,5%.

Este cambio fiscal genera un impacto directo sobre la capacidad de pago de las industrias agroexportadoras, en particular sobre el complejo sojero. Con las nuevas alícuotas y los precios FOB vigentes al viernes anterior al anuncio, la capacidad teórica de pago para la soja asciende a US$ 305 por tonelada, unos US$ 25 más respecto del esquema anterior. Sin embargo, el precio que efectivamente reciba el productor dependerá de cuán agresivamente compitan las fábricas por la mercadería.

En ese sentido, el mercado estima que las industrias buscarán retener un margen bruto de entre US$ 15 y US$ 20 por tonelada, lo que arrojaría un valor de equilibrio en el rango de US$ 285 a US$ 290. Si bien es un número alentador, su concreción dependerá de la dinámica del mercado, el volumen de oferta y las estrategias comerciales que adopten los distintos eslabones de la cadena.

En el caso del maíz, el beneficio directo es más limitado. La reducción de 2,5 puntos porcentuales en la retención genera una mejora de apenas US$ 5 por tonelada en la capacidad de pago. A esto se suma que la exportación venía operando con un margen teórico negativo cercano a los US$ 12, lo cual limita la posibilidad de trasladar ese beneficio a los precios de manera inmediata. Es probable que el impacto en este mercado sea más acotado que en el complejo sojero.

Cabe destacar que, de acuerdo con estimaciones privadas, aún queda sin vender aproximadamente un 46% del maíz y un 46% de la soja de la última campaña, lo que representa una oportunidad para que estas medidas fiscales generen un estímulo inmediato en la comercialización. De todas formas, el mercado operará con cautela en los primeros días, esperando observar cómo reaccionan los compradores ante este nuevo esquema tributario.

Este cambio en la política tributaria busca mejorar la competitividad del agro argentino frente a competidores directos como Brasil, Uruguay y Estados Unidos, países donde los productos agropecuarios no están alcanzados por derechos de exportación. Al mismo tiempo, se alinea con el compromiso del Gobierno de avanzar hacia un esquema fiscal más neutral y de menor carga para el sector productivo.

Si bien la medida todavía no fue oficializada vía decreto, el mercado ya la tomó como válida y comenzó a ajustar precios y estrategias en función de ella. Para muchos actores del agro, se trata de una señal concreta hacia un cambio estructural en la relación del Estado con el campo, orientado a la mayor rentabilidad, dinamismo comercial y generación de divisas genuinas a partir de una de las principales cadenas de valor de la economía argentina.