El presidente del Supremo Tribunal de Brasil (STF), José Antonio Dias Toffoli, llegó al cuerpo en septiembre de 2009, durante el segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Ese hecho le valió por largo tiempo el mote de "juez petista", del que intentó en el último tiempo alejarse pero que su voto de ayer seguramente reforzará.
La acusación, sin embargo, será injusta ya que no hizo más que terminar de inclinar la balanza hacia el regreso al imperio de la Constitución después de tres años de populismo judicial. En efecto, fue él quien determinó que la prisión tras condena en segunda instancia es inconstitucional, lo que cambia jurisprudencia mantenida por esa misma corte desde 2016. Para evitarse el compromiso de quedar como el responsable final de la libertad de Lula, sopesó la posibilidad de validar las prisiones tras fallo de tercera instancia, aun cuando faltara la palabra final del propio STF. Con todo, no avanzó por ese sendero peligroso: una práctica es constitucional o no lo es, del mismo modo que no hay mujeres que estén un poco embarazadas.
El artículo 5°, inciso LVII, de la Constitución establece el principio -universal en el Derecho occidental- de la presunción de inocencia al señalar que "nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria". "Tránsito en juzgado" es el agotamiento de las posibilidades de apelación hasta la más alta instancia disponible en cada caso o, en otras palabras, hasta que haya una sentencia firme.
El magistrado emitió el voto decisivo que terminó de zanjar la disputa entre los ministros lavajatistas -favorables al mantenimiento de la jurisprudencia de 2016- y los garantistas en favor de los segundos, claro.
Así, sin que eso signifique afirmar que Lula y cualquier otro brasileño en su situación es inocente o culpable, puso fin a una situación en la que Constitución estaba estirada al extremo de la desnaturalización en el tópico sensible de la libertad de los ciudadanos.
Lula da Silva está condenado en dos causas por corrupción, pero es la del tríplex en el balnerario paulista de Guarijá, una supuesta coima de la constructora OAS, la que lo mantenía en prisión.
En efecto, esa sentencia fue apurada por el exjuez Sergio Moro, símbolo de la operación Lava Jato, porque era la destinada a quitarlo del medio en el proceso electoral del año pasado. Más veloz que ninguna otra, deparó sentencia de primera y de segunda instancia, lo que hizo que la llamada ley de "ficha limpia" le impidiera ser candidato cuando las encuestas lo consideraban máximo favorito.
El resto de la historia es conocida: sin Lula de por medio, Jair Bolsonaro se convirtió en presidente y Moro dejó la magistratura para convertirse en su ministro de Justicia e iniciar una carrera política que imagina larga y fructífera.
Tanto se apuró esa causa polémica que, incluso, la condena llegó a ser confirmada en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), máxima instancia penal de ese país.
Cabe aclarar que no existe aún, pese a eso, sentencia firme, ya que los aspectos constitucionales de la causa todavía están pendientes de tratamiento en el STF. Desde ahora, Toffoli será denostado por medio Brasil, pero esos críticos enfervorizados no advertirán el peso que el país dejará de cargar: nada menos que una controversia corrosiva sobre la existencia de presos políticos. Para el Lula candidato la decisión llega tarde; para el ciudadano que purgaba una sentencia a medida no.