Dirigentes políticos, sindicales y sociales solicitaron hoy que la agroexportadora Vicentín sea declarada "empresa pública no estatal" para evitar "una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria".
La firma, que integra el ranking de las diez agroexportadoras más importantes del país, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre último, cuando no pudo hacer frente a obligaciones por cerca de US$ 1.350 millones, de los cuales una gran parte corresponde a créditos otorgados por la banca pública.
"Consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad", manifestaron los firmantes de una declaración conjunta dirigida al gobierno nacional.
Entre los firmantes del documento figuran Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Fernando "Pino" Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez y Omar Principe (ex pte de FAA), entre otros.
"El gobierno nacional no debería permitir que la misma caiga en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento contrario a los intereses nacionales", aseguraron a través de una carta abierta.
Propusieron entonces que el Gobierno impulse las medidas necesarias "para transformar a Vicentín en una empresa pública no estatal bajo control político y social" a la vez que solicitaron una urgente entrevista con el presidente Alberto Fernandez.
La empresa Vicentin solicitó a principios de febrero la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante la justicia de Santa Fe y por estos días se debate el futuro de la compañía, de la cual, se calcula, dependen unos 7 mil empleos en forma directa.
