Con el final de mayo vencieron dos leyes muy importantes para los productores de frutas. Por un lado la 27.507 de Emergencia Citrícola que se había promulgado en mayo de 2019 por el lapso de un año, y que incluía a la cadena de producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, y la 27.374 de Emergencia Frutícola que abarca a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa, la cual se estableció en 2017 y desde entonces se vino prorrogando.
En los últimos días, los actores de ambas economías regionales -y varios gobiernos de las provincias citadas- le vienen pidiendo al Gobierno Nacional un poco más de tiempo, en medio de la crisis sanitaria por coronavirus, para elaborar una propuesta que beneficie a todos, y porque consideran que el sector frutícola está lejos de haber salido de la situación de emergencia.
"Son varias las provincias que están dentro de la ley citrícola. Ya estamos en contacto con varios legisladores para trabajar en una prórroga por un año más, lo que puede ayudarnos para tener algo de rentabilidad. Si no la tenemos, estaremos complicados porque hay muchas empresas que están ahogadas en lo fiscal. Esperemos ver la voluntad de nuestros legisladores", declaró Ariel Panozzo Galmarello, el presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER), donde existe la mayor cantidad de plantaciones de naranjas y mandarinas.
En ambos casos, estas leyes de emergencia han postergado el pago de aportes patronales por parte de todos los actores de la cadena productiva, a la espera de que mejoren las condiciones de cada economía regional. Pero ni en el Valle de Río Negro y Nequén ni en la zona citrícola del litoral, principales enclaves de producción citrícola, las cosas han cambiado para bien. Por eso se busca la prórroga.
Panozzo remarcó que la rentabilidad que perciben en la actividad se origina justamente en la postergación del pago de impuestos. De lo contrario, su realidad sería mucho peor. "Las deudas más grandes que tenemos son las previsionales. Luego hay deudas fiscales, impuesto a las Ganancias e impuesto a la Exportación. Esta ley de Emergencia nos sirve, precisamente, para negociar estas deudas, las cuales son impagables", manifestó el productor.
Acerca del vencimiento de la ley de Emergencia Frutícola, que fue la original, desde la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) emitieron un comunicado de prensa, expresando que "el sector está lejos de haber salido de la situación que fundamentó la Emergencia Económica, Social y Productiva que quedó reflejada en la Ley 27374". Reconoce que si bien los volúmenes de exportación resultaron "levemente superiores (6%) a los del año pasado, buena parte de ese aumento se trató de fruta del año anterior, que por razones de mercado no se pudo exportar en su momento".
Marcelo Loyarte, gerente de la CAFI, dijo que "veníamos de varios años de crisis, y esa ley evitó la caída de varios productores y empresas. No hay que olvidar que la fruticultura plantea mano de obra intensiva, por lo cual los costos laborales y los impuestos sobre los salarios son muy altos. La posibilidad de postergar el pago de los aportes previsionales contemplados en el formulario 931 de la AFIP fue muy importante pero se venció este mes. Por eso estamos conversando con actores del Gobierno y creemos que entiende que la fruticultura no ha salido de la situación de emergencia".
Loyarte explicó que las gestiones las iniciaron tanto con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, como con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. "En cuanto a Agricultura, entendemos que tienen clara nuestra posición, e incluso acompañan nuestro pedido".
Según Loyarte, la deuda del sector de peras y manzanas con la AFIP ronda los 1.500 millones de pesos en los últimos tres años de vigencia de la ley de Emergencia Frutícola. "Tuvo un impacto muy importante en dos sentidos: muchos productores y empresas que venían muy mal, pudieron seguir en la actividad, y otros que estaban mal pero no tanto, pudieron no desengancharse de la fruticultura a nivel mundial y pudieron colocar mallas anti granizo. Eso es una forma de asegurar continuidad de ingresos y de empezar a salir de la situación de crisis permanente", describió Loyarte.
Acerca de la cantidad de productores de peras y manzanas que se perdieron, el gerente de la CAFI declaró que "el sector pasó de 3.000 a 1.700 productores en los últimos 20 años, a raíz de las crisis recurrentes. Y ahora estamos frente a un escenario donde ya vivimos situaciones parecidas, donde el tipo de cambio oficial se estanca y el paralelo se dispara, porque tenemos ingresos a cambio oficial, pero los costos empiezan a moverse con el cambio paralelo".
"La verdad es que este no ha sido, para nada, un año bueno. Los precios internacionales se fueron a pique, y aunque el mercado interno funcione bien, este ya no representa más el 30%", concluyó Loyarte.
