No es justo que los municipios sigan trasladando su ineficiencia a los vecinos mediante tasas que no solo no reflejan la prestación de un servicio, sino que muchas veces encubren financiamiento espurio de estructuras políticas sobredimensionadas. Por eso, debe celebrarse la reciente sentencia de un juzgado bonaerense que rechazó los amparos de siete intendencias contra una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. Esta medida prohíbe la inclusión de tasas municipales y cargos ajenos en las facturas de servicios públicos, brindando transparencia y equidad fiscal a los ciudadanos.
El fallo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín avaló la decisión del gobierno nacional de impedir que los municipios cobren tasas a través de boletas de agua, luz y gas. Ante las acciones de amparo presentadas por las municipalidades de Tigre, Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín, la Justicia determinó que no existía violación alguna a la Constitución ni un avasallamiento de la autonomía municipal. Por el contrario, se confirmó que la norma protege al consumidor, en línea con la defensa de sus derechos consagrados en la Ley Fundamental.
Este fallo obliga a los municipios a buscar mecanismos más apropiados para el cobro de sus tributos sin afectarlos a través de servicios esenciales. La práctica de incluir tasas en facturas de servicios públicos ha sido una constante en muchas jurisdicciones, resultando en un aumento desmedido de la carga fiscal para los ciudadanos sin una contraprestación real y proporcional. Se trata de una distorsión que debe ser eliminada en pos de la transparencia fiscal.
El crecimiento descontrolado del empleo público municipal ha sido una de las principales causas de este desborde tributario. Desde el año 2000, el empleo en los municipios se incrementó más del 100%, superando incluso el crecimiento del empleo público a nivel provincial y nacional. En lugar de racionalizar gastos y reducir cargas impositivas, los intendentes han optado por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos y empresas, ahogando la actividad productiva.
La resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio estableció con acierto que los municipios no pueden utilizar las facturas de servicios públicos como herramienta de recaudación. Esta medida busca evitar distorsiones de precios y mejorar la competitividad del sector productivo. Además, se enmarca dentro de un principio de transparencia fiscal que ya ha sido impulsado en otros ámbitos, como la inclusión en tickets y facturas del desglose de impuestos que pagan los consumidores.
Los ciudadanos deben exigir el fin de estos abusos fiscales. La Constitución, en su artículo 42, garantiza el derecho a una información clara y veraz sobre los costos que asumen los consumidores. Es urgente una reforma fiscal profunda que elimine tributos innecesarios y garantice que las tasas municipales reflejen verdaderamente la prestación de servicios. La eliminación de estos cargos arbitrarios no solo traerá alivio a los contribuyentes, sino que también obligará a los municipios a gestionar sus recursos de manera más eficiente y transparente.
Este fallo es un primer paso en el camino hacia una mayor equidad fiscal. Ahora, corresponde a los municipios adaptarse a esta nueva realidad y eliminar tasas que no solo no guardan proporción con los costos reales de los servicios, sino que además han servido como herramienta de financiamiento opaca y discrecional. Es momento de poner un freno a los abusos y avanzar hacia un sistema tributario más justo y transparente para todos.
