En el corazón de una intensa controversia fiscal que afecta al sector agropecuario, con incrementos impositivos que oscilan entre el 200% y el 500%, emerge un debate cargado de tensiones. Cristian Girard, director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), argumenta que las protestas por el denominado "impuestazo de Kicillof" tienen un trasfondo político, mientras Horacio Salaverri, presidente de Carbap, insiste en la necesidad de revisar el tributo.
La convocatoria a una marcha en Azul por parte de productores agrícolas señala el nivel de descontento en el campo, que refuta la gestión tributaria provincial. Girard defiende la posición oficial, alegando que más del 99% de los propietarios rurales vieron incrementos por debajo de la inflación en el Impuesto Inmobiliario Rural. Sin embargo, desde el campo, la percepción es otra, señalando que la eliminación de descuentos históricos ha resultado en incrementos reales mucho mayores a los oficialmente reportados.
Girard desestima las críticas, atribuyéndolas a motivaciones políticas y a sectores que, según él, buscan generar un conflicto sobre "bases falsas". Este punto de vista es reforzado por su declaración de que el peso del Inmobiliario Rural en los costos de producción no justifica el nivel de reclamo generado. No obstante, su generalización choca con la realidad de 2000 partidas, un 0.7% del total, donde los incrementos sí alcanzan el entorno del 300%.
La Ley Impositiva fue aprobada en diciembre del año pasado por una amplia mayoría, incluyendo legisladores de fuerzas políticas que hoy forman parte de la coalición gobernante en Nación. Pero, ahora, varios dirigentes de esos espacios motorizan y promueven un conflicto sobre... pic.twitter.com/cLrBJN7PVK
La resistencia del sector agropecuario se fundamenta en la experiencia directa de los productores, que enfrentan incrementos significativos en su carga tributaria. Salaverri contradice a Girard, indicando que no se ha formado ninguna mesa para tratar estos temas de manera efectiva, y remarca la urgencia de revisar y modificar la política impositiva para evitar un mayor impacto negativo en el sector.
Este conflicto subraya no solo las discrepancias entre el gobierno provincial y el sector agropecuario sino también la complejidad de la estructura impositiva y su impacto en un sector clave para la economía regional. La situación demanda una solución que reconozca las realidades del campo, más allá de las estrategias políticas y las declaraciones públicas. La revisión del tributo, con un enfoque en la razonabilidad y equidad, parece ser el único camino hacia una resolución constructiva del impasse.
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