La paralización de una obra puede parecer un asunto técnico o administrativo. Pero cuando esa obra es parte del Plan Maestro del Río Salado -clave para prevenir inundaciones en la principal región agroproductiva del país- el impacto trasciende cualquier expediente. Así lo advirtió el Consejo Honorario Asesor del Plan Maestro, que elevó un fuerte reclamo al Gobierno nacional para que reactive de inmediato el tramo IV.2 del dragado del Salado, actualmente neutralizado.
"No se trata solo de una etapa inconclusa. Su detención frena todo el sistema de obras complementarias previsto y pone en riesgo la seguridad hídrica de miles de productores, pobladores y empresas que dependen de esta cuenca", aseguraron desde el Consejo, presidido por Alberto Larrañaga, referente de la Comisión de Aguas de CARBAP.
Obras paradas, riesgo creciente
El tramo afectado -que va desde la Ruta Nacional 205 hasta el puente Ernestina-Elvira, entre los partidos bonaerenses de Lobos y 25 de Mayo- fue formalmente detenido en marzo bajo la figura administrativa de "neutralización por 60 días". Ese plazo está a punto de vencer, y desde el Consejo temen que se repita el mecanismo para dilatar la ejecución.
"Es una obra prioritaria, reconocida por la propia Subsecretaría de Recursos Hídricos el año pasado. No puede quedar a la deriva. El Estado nacional debe asumir su responsabilidad y reanudar los trabajos sin más demoras", enfatizaron.
El costo de no hacer
Desde el Consejo recordaron que el Plan Maestro fue diseñado hace más de dos décadas como una respuesta estructural a las inundaciones cíclicas que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires y a otras regiones del interior. La Cuenca del Salado, por sí sola, representa entre el 25% y el 30% de la producción agrícola y ganadera del país.
La detención de las obras no solo deja a la región expuesta a eventos climáticos extremos. También genera perjuicios económicos que se traducen en pérdidas fiscales, daños a la infraestructura, caída de la actividad y migración rural. "Hay estudios del Banco Mundial y la Organización Meteorológica Mundial que demuestran que cada dólar no invertido en obras de prevención se paga tres o cuatro veces más caro cuando llegan las inundaciones", advierten.
¿Y los fondos?
Uno de los puntos más controvertidos es que el Estado nacional cuenta con el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conocido como Fondo Hídrico, cuyas partidas están legalmente destinadas a este tipo de obras. "No estamos pidiendo algo nuevo, estamos reclamando el cumplimiento de lo ya comprometido y presupuestado", sostienen las entidades que integran el Consejo, entre ellas la Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO, FAA, UIA y CARBAP.
Además, remarcan que el Plan tiene alcance federal, ya que los escurrimientos del Salado y sus afluentes afectan también a zonas de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis. "No es una obra local ni sectorial. Es una intervención estratégica de escala nacional, que debe ser prioridad en cualquier esquema de inversión pública".
Desarrollo rural sin agua no existe
Más allá de la obra en sí, lo que está en juego es el arraigo rural, la continuidad productiva y la sustentabilidad de una de las zonas más dinámicas del interior. Las obras complementarias en los cauces afluentes del Salado, que también están postergadas, son imprescindibles para que el Plan Maestro funcione como un sistema integral.
"La falta de respuesta desincentiva inversiones, frena el crecimiento y deja expuestas a miles de familias a catástrofes previsibles. Pedimos al Gobierno nacional que retome el camino de la planificación, la ejecución y el compromiso con el interior productivo", concluyó Larrañaga.
Porque en tiempos de sequía o inundación, lo que falta no es agua ni presupuesto: lo que falta es decisión.
