Según la Resolución 122/2024, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, este ajuste busca mantener la "ecuación económico-financiera" necesaria para el correcto funcionamiento de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor.
Los nuevos aranceles, que reflejan un incremento que supera el 100% en muchos casos, pretenden garantizar un servicio público eficiente y de calidad, acorde con el valor de los bienes involucrados. Por ejemplo, la certificación de firmas para personas físicas ahora cuesta $2990, un aumento desde los $1300 anteriores, y el informe de dominio ha subido de $260 a $600.
Entre los aumentos más destacados, la expedición de la cédula de identificación del automotor y la placa de identificación metálica, ambas registraron un alza del 320%, pasando de $1890 a $7940 y de $4160 a $17480, respectivamente.
Paralelamente, la diputada nacional Patricia Vásquez (PRO) ha presentado un proyecto que propone la eliminación total de los registros automotores. Su iniciativa incluye la creación de un Registro Único Nacional, un único arancel no vinculado al valor del vehículo, una patente única asignada a la persona en lugar del automóvil, y una plataforma única para todos los registros relacionados con el vehículo.
