El grupo inversor nacional CIMA, en alianza con la corredora Grassi, se posicionó como el principal acreedor tras adquirir su deuda por más de 447 millones de dólares, un movimiento que reconfigura el panorama del concurso preventivo de la empresa.
Un movimiento estratégico con impacto en el concurso
Formalizada el 12 de noviembre y presentada en tribunales el 17 de diciembre, la transacción implicó la compra de acreencias a bancos internacionales como IFC, FMO, ING, Rabobank, entre otros. CIMA desembolsó cerca de 70 millones de dólares, pagando 11 centavos por cada dólar de deuda. Este movimiento posiciona al grupo como un actor clave para destrabar el proceso judicial que afecta a la agroexportadora desde 2019.
Desde CIMA, manifestaron su intención de reactivar la operación de la empresa y garantizar su continuidad: "Estamos comprometidos con preservar las fuentes laborales y fortalecer el desarrollo del sector", indicaron.
El peso de las alianzas y la incertidumbre del "cramdown"
En esta operación, CIMA se asoció con Grassi, un actor destacado entre los acreedores disconformes con el plan de pagos de Vicentin. El asesoramiento legal estuvo a cargo del estudio Casanova, Mattos & Salvatierra Abogados, que diseñó una estrategia para consolidar esta adquisición.
Mientras tanto, desde Vicentin subrayaron que este movimiento no altera su estrategia para concluir el concurso preventivo, aunque reconocen que las demoras judiciales agravan su situación financiera. "La empresa ha agotado su caja operativa y no dispone de recursos para afrontar un eventual ‘cramdown'", advirtieron.
El "cramdown", un mecanismo contemplado en la legislación argentina, permitiría a terceros presentar una oferta competitiva frente al plan de pagos original de Vicentin. Esta alternativa está actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que decidirá entre homologar el plan propuesto por la empresa o dar lugar a un nuevo escenario competitivo.
El futuro de Vicentin: incertidumbre y expectativa
La adquisición de la deuda por parte de CIMA genera expectativa entre los distintos actores involucrados, desde acreedores hasta productores. Con la agroexportadora enfrentando momentos críticos tanto judicial como financieramente, la resolución de la Corte Suprema será determinante para definir el rumbo de la empresa.
Si bien CIMA busca un enfoque que reactive a Vicentin y garantice su sostenibilidad, la posibilidad de un "cramdown" podría abrir un capítulo inédito en la historia de una de las principales firmas agroexportadoras de Argentina. Mientras tanto, el sector permanece a la expectativa de lo que podría ser un punto de inflexión en el devenir económico del país.
