En el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná, Entre Ríos, se emitió una condena contra dos apicultores santafesinos por su implicación en los incendios ocurridos en la zona de las islas del Paraná en agosto de 2022.
Daniel y Rodolfo Herrera, padre e hijo, enfrentarán penas de 3 años con ejecución condicional. El juicio, llevado a cabo en la localidad entrerriana de Victoria, reveló que los acusados fueron detenidos en flagrancia por las autoridades mientras provocaban el incendio.
La jueza Lilia Carnero determinó que ambos apicultores son responsables del fuego que devastó 1,500 metros cuadrados de flora, fauna y otros bienes en el Delta del Paraná.
Aunque la condena generó controversia, ya que el fiscal del juicio, José Candioti, solicitaba penas de 4 años de prisión efectiva al considerar el acto como doloso en lugar de culposo, el fallo final dejó a ambos condenados en libertad condicional.
El tercer involucrado, hijo del mismo apicultor, fue absuelto debido a su minoría de edad en el momento de los hechos.
Como parte de la sentencia, Daniel y Rodolfo Herrera deberán completar un curso de concientización ambiental y contribuir a la recuperación del entorno natural mediante la plantación de árboles.
El 14 de agosto de 2022, en las proximidades de las islas "Holandés", específicamente en la zona del arroyo "Los Laureles", un foco ígneo alertó a la Prefectura que patrullaba la región. La sorpresa fue grande al descubrir a Daniel Herrera y sus dos hijos cerca del incendio con baldes y una pala. Lo que comenzó como una patrulla rutinaria se convirtió en un caso judicial que impactó en la tranquilidad del Delta del Paraná.
Durante el proceso, los acusados argumentaron que no eran los únicos responsables de iniciar incendios en el humedal en esos días, señalando que otros productores de la zona también habían llevado a cabo acciones similares.
El contexto revelaba un panorama desolador, con numerosos incendios intencionales afectando la región de las islas entrerrianas y afectando con humo y cenizas a varias ciudades, incluida Rosario.
A pesar de estas afirmaciones en su defensa, la jueza Lilia Carnero dictaminó la condena de tres años con ejecución condicional para dos de los acusados, permitiéndoles recobrar la libertad. Sin embargo, la sentencia va más allá de la privación de libertad al imponerles la obligación de realizar un curso de concientización ambiental y contribuir a la reparación del daño causado mediante la plantación de árboles.
