Tras la decisión del Gobierno nacional de flexibilizar el ingreso de maquinaria industrial usada al país, desde Córdoba encendieron las alarmas. Aunque la medida apunta a simplificar procesos y abaratar costos, la provincia considera que sin reglas claras puede afectar gravemente a su entramado industrial.
El decreto 273/2025, que elimina la obligatoriedad del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), habilita la importación de equipos de segunda mano sin mayores restricciones. Frente a esto, desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica cordobés, a cargo de Pedro Dellarossa, se advirtió que la apertura debe ir acompañada de criterios técnicos que eviten un daño colateral sobre la producción nacional.
"Cuidar el empleo y la innovación no implica cerrarse al mundo", planteó Dellarossa. "Implica construir políticas sensatas, que promuevan el desarrollo con visión federal y eviten debilitar lo que el sector industrial argentino ha logrado con esfuerzo".
En Córdoba conviven industrias tradicionales, startups tecnológicas, pymes manufactureras y cooperativas que aportan valor agregado en sectores clave como maquinaria agrícola, autopartes, alimentos, metalmecánica y bioenergía. Ese entramado, remarcan desde la provincia, no solo genera empleo directo e indirecto, sino que promueve una cultura productiva en permanente transformación.
Para sostener ese dinamismo, el Ejecutivo cordobés impulsa una agenda de desarrollo basada en cinco ejes: inversión tecnológica, articulación público-privada, formación de talento, competitividad internacional y sostenibilidad. Y desde esa perspectiva, advirtió que la libre importación de bienes usados sin trazabilidad ni requisitos técnicos puede distorsionar el mercado y poner en riesgo la producción local.
Entre las propuestas que la provincia llevará a la discusión con Nación, figuran:
Exigir trazabilidad de las máquinas usadas importadas, con certificación técnica que acredite su estado, impacto ambiental y vida útil.
Garantizar el uso final del equipamiento en procesos productivos, evitando su reventa como parte del circuito comercial local.
Revisar los incentivos arancelarios, de modo que la maquinaria nacional no quede en inferioridad de condiciones frente a productos importados sin control.
Articular una estrategia industrial federal, que considere las capacidades y prioridades productivas de cada región.
"No estamos en contra del comercio internacional, sino a favor de hacerlo con reglas parejas", señalaron desde el Ministerio. "El riesgo de abrir sin criterios puede ser la pérdida de empleo en sectores dinámicos, y la desinversión en innovación".
El pedido cordobés se suma a los planteos de otras provincias industriales de la Región Centro. En conjunto, buscan ser parte del rediseño normativo que regule la apertura a bienes de capital usados, defendiendo al mismo tiempo la competitividad del país y el desarrollo de su industria.
El debate recién comienza, pero en Córdoba quedó claro: la previsibilidad y el equilibrio no son un freno al crecimiento, sino una condición para que sea sostenible
