La administración del expresidente Donald Trump anunció una revisión significativa de su propuesta inicial para imponer tarifas portuarias a buques construidos en China, en respuesta a las preocupaciones expresadas por la industria marítima global.
Originalmente, se contemplaba una tarifa de hasta 1,5 millones de dólares por cada escala en puerto estadounidense para estos buques. Sin embargo, tras recibir más de 600 comentarios durante audiencias públicas, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) decidió implementar un enfoque más matizado.
A partir del 14 de octubre de 2025, los buques construidos y operados por entidades chinas enfrentarán una tarifa inicial de 50 dólares por tonelada neta, con incrementos anuales de 30 dólares durante los siguientes tres años. Alternativamente, se podrá aplicar una tarifa basada en el número de contenedores descargados, comenzando en 120 dólares por contenedor y aumentando hasta 250 dólares en tres años.
Para los buques construidos en China pero operados por empresas no chinas, la tarifa inicial será de 18 dólares por tonelada neta, con aumentos anuales de 5 dólares hasta alcanzar 33 dólares por tonelada en 2028. Estas tarifas se aplicarán una vez por viaje, con un máximo de cinco veces al año por buque.
Se han establecido exenciones para ciertos casos, incluyendo buques que operan entre puertos domésticos, aquellos que sirven a las islas del Caribe y territorios estadounidenses, y buques que llegan vacíos para cargar exportaciones como trigo y soja. Además, los transportistas que ordenen o reciban un buque construido en EE.UU. de capacidad equivalente en los próximos tres años podrán ser elegibles para reembolsos de tarifas.
Estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio para reducir la dependencia de la industria marítima estadounidense de los buques construidos en China y revitalizar la construcción naval nacional. No obstante, han generado tensiones adicionales en las relaciones comerciales entre EE.UU. y China, con autoridades chinas calificando las tarifas como "discriminatorias" y prometiendo medidas de represalia.
La implementación de estas tarifas será monitoreada de cerca por la comunidad internacional, dado su potencial impacto en el comercio global y las cadenas de suministro.
