. Esta decisión, divulgada a través del Boletín Oficial, tiene como objetivo reducir las cargas administrativas que enfrentan los ciudadanos en sus trámites ante la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.
La Resolución 114/2024 pone de manifiesto que este registro se había convertido en una carga más para quienes buscan ejercer sus derechos y garantías constitucionales relacionadas con la libertad económica. Esta medida se alinea con los esfuerzos del gobierno de Javier Milei por eliminar barreras burocráticas, con el fin de "facilitar la vida al ciudadano" y evitar el dispendio de tiempo y recursos que deterioran la calidad de vida.
Además de derogar las resoluciones anteriores que daban origen al registro, la nueva normativa establece que la inscripción previa en dicho registro no será más un requisito para acceder a ciertos beneficios. Sin embargo, las dependencias del Estado mantendrán la autoridad para solicitar documentación necesaria para acreditar personería u otros documentos complementarios.
Este cambio es un claro ejemplo de cómo el Gobierno busca ser más eficiente y predecible, respondiendo de manera efectiva a las necesidades ciudadanas y fomentando un entorno más propicio para la actividad económica.
