En un contexto de tensiones crecientes con los productores del sur argentino, el Gobierno dio señales de continuidad en la política sanitaria que distingue a la Patagonia. En una reunión celebrada este miércoles, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca aseguraron a representantes del Bloque Rural Patagónico que la barrera sanitaria que impide el ingreso de carne con hueso desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa seguirá vigente.
El encuentro, encabezado por el secretario Sergio Iraeta y autoridades del SENASA, buscó destrabar el conflicto surgido tras la publicación de la Resolución 180/25, que modificaba los criterios para el ingreso de productos cárnicos y genéticos a la región, lo que fue percibido por los ruralistas como una amenaza directa al estatus sanitario que la Patagonia ostenta hace décadas: libre de fiebre aftosa sin vacunación.
Rechazo contundente
Desde su publicación, la medida generó un rechazo casi unánime de las entidades del sur. Conformado por representantes de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, el Bloque Rural Patagónico reclamó la derogación inmediata de la resolución y advirtió sobre los riesgos sanitarios, comerciales y geopolíticos que implicaría su implementación.
"Nos vamos con la misma incertidumbre con la que llegamos", reconocieron los dirigentes al término de la reunión, aunque valoraron el compromiso de las autoridades de no avanzar con la habilitación masiva del ingreso de carne con hueso desde el norte del país.
El Gobierno explicó que está a la espera de respuestas de organismos sanitarios de la Unión Europea y de Chile antes de tomar una decisión definitiva. Mientras tanto, se evalúa una posible modificación de la resolución original para permitir únicamente el ingreso de la plancha de asado, un corte altamente demandado por el consumo interno, pero de bajo valor de exportación.
"La Patagonia no se negocia"
Uno de los principales argumentos del sector productivo patagónico es que la diferenciación sanitaria ha sido una herramienta estratégica que permitió abrir mercados internacionales exigentes, generar empleo rural y consolidar la identidad productiva de la región. Temen que flexibilizar los controles internos debilite esa ventaja competitiva.
"La Patagonia representa el 33% del territorio nacional. Afectar su estatus sanitario es una forma de afectar nuestra soberanía productiva", señalaron desde el Bloque.
Además, los ruralistas insistieron en la necesidad de pensar en una estrategia a largo plazo que no implique retrocesos. En ese sentido, propusieron impulsar un plan nacional integral que avance hacia una Argentina libre de fiebre aftosa sin vacunación, lo que permitiría eliminar las barreras internas sin poner en riesgo la salud animal ni las exportaciones.
Un frente aún abierto
Aunque por ahora el Gobierno optó por frenar la aplicación de la Resolución 180/25, el conflicto no está cerrado. Las diferencias de enfoque entre los intereses del norte -donde predomina la lógica del abaratamiento del consumo- y los del sur -que priorizan la sanidad y el valor agregado- reflejan una tensión estructural en la política ganadera argentina.
Para los patagónicos, mantener un estatus sanitario diferenciado no es un capricho, sino una conquista construida con décadas de trabajo, inversión y compromiso sanitario. Y cualquier modificación sin consenso puede erosionar la confianza en las instituciones.
