El Gobierno sigue en su plan de ponerle el sello de "Precios Justos" a cuanto producto haya en la economía. En esta ocasión les tocó a las verduras y las frutas, que conformarán una canasta de seis productos (papa, tomate, lechuga, cebolla, manzana y banana) que se ofrecerán en supermercados del AMBA con valores fijos hasta el 31 de marzo.
Es otro intento del Gobierno por mostrar algo de acción en uno de los sectores que es casi imposible controlar por la incidencia de la estacionalidad en el caso del producto en sí y por la atomización y la informalidad que tiene la manera en la que se comercializa.
En la última medición de inflación de INDEC, hubo aumentos interanuales en la fruta y la verdura que rozaron el 200% en algunas regiones del país.
Sin embargo, el acuerdo de Precios Justos para frutas y verduras solo quedará circunscrito a supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires y así dejará afuera al principal canal donde se compran estos productos: las verdulerías.Los supermercados del AMBA solo venden hasta el 38% del total de frutas y verduras.
Es decir, que el grueso del producto se comercializa a través de verdulerías, un sector con el que era casi imposible de negociar por su alto nivel de informalidad, señalaron fuentes al tanto de la gestación del nuevo acuerdo de precios.
Para Mariano Winograd, productor, minorista y abastecedor del mercado frutihortícola, se perdió una oportunidad de preocuparse por lo que, a su juicio, es el verdadero problema del sector: la producción y la pérdida de hectáreas destinadas a estos productos.
"Los precios frutihortícolas varían en función de la oferta y la demanda. Si esta semana suben, la semana que viene pueden bajar. Si no bajan, es porque hay escasez de oferta. Y si hay escasez de oferta es porque la política argentina viene destruyendo la producción argentina hace añares", resume Winograd, y cita ejemplos de regiones y productos en crisis, como la producción de arándanos o el achique de las hectáreas dedicadas a la pera y la manzana en Río Negro y Mendoza.
"Si la política argentina quisiera preocuparse por la frutihorticultura debería pensar en un plan productivo a 20 años. Controlar los precios es ?cháchara'", cierra.
Desde el Departamento de Economías Regionales de CAME suman otro dato sobre el sector: las cadenas de valor están distorsionadas. Por un lado, el Estado con la presión tributaria; por el otro, los intermediarios, operadores o changarines que cobran más de lo que el producto vale y finalmente hay costos ocultos en los centros de acopio o mercados concentradores.Eso redunda en que el consumidor paga seis veces más de lo que recibe el productor.
"Estamos viendo siempre las mismas recetas, pero nadie se puso a ver cómo es la cadena de valor de las frutas y las verduras", concluyen.
