Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se ha convertido en la voz de alarma contra estas nuevas cargas fiscales, que considera insostenibles para el campo. Pino criticó enérgicamente a los intendentes por ignorar el clamor popular por un modelo económico con menos impuestos.
El conflicto se intensifica en municipios como Azul y Pehuajó, donde se han implementado medidas como la "tasa de servicios esenciales" y un impuesto a la aplicación de agroquímicos, respectivamente. En Azul, esta decisión ha impulsado a los productores a formar una "cadena solidaria" y a tomar acciones legales contra el municipio.
Pablo Zurro, intendente de Pehuajó.
En Pehuajó, la situación se agrava con la propuesta del intendente Pablo Zurro de establecer un gravamen basado en dos litros de gasoil por hectárea producida. José Perkins, un productor local, ha calificado la medida como "confiscatoria y ridícula", especialmente crítico con las restricciones propuestas para la aplicación de fitosanitarios cerca de zonas urbanas.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) ha rechazado estos aumentos, tachándolos de confiscatorios y anticipando un aumento en los litigios debido a la falta de contraprestaciones claras por parte de los municipios. Un comunicado conjunto de CARBAP, Coninagro, Federación Agraria Argentina y SRA refleja una preocupación unánime sobre el aumento de tasas municipales, criticando la tendencia de los gobiernos locales a incrementar ingresos sin mejorar los servicios correspondientes.
José Luis Espert, diputado aliado del oficialismo, manifestó su apoyo a lo que denominó una "rebelión fiscal" contra estos aumentos impositivos, una posición que encontró eco en Coninagro, que también se pronunció en contra de la suba de impuestos y tasas.
Este conjunto de medidas ha provocado un estado de alerta en el sector agropecuario bonaerense, temeroso de que la carga impositiva adicional pueda afectar aún más la viabilidad económica de los productores y agudizar la tensión entre el campo y las autoridades municipales. Las entidades rurales llaman a un diálogo constructivo y a una reconsideración de estas políticas fiscales para evitar profundizar el conflicto y asegurar la sostenibilidad del sector agropecuario en la provincia de Buenos Aires.
