Se destaca un ahorro a valores constantes de $7 billones en comparación con el mismo período de 2023, atribuido a una serie de cambios estratégicos en el manejo de los gastos del Estado.
La reducción del gasto público, simbolizada por el término "motosierra", implicó un notable descenso en la inversión real directa y las transferencias de capital, con caídas del 34,1% y 34,4% respectivamente. Además, el ajuste en las remuneraciones y prestaciones de la seguridad social, descrito por el término "licuadora", se incrementó notablemente pero quedó por debajo de la tasa de inflación, registrando aumentos del 213,6% y 140,8% respectivamente.
Por otro lado, las transferencias a provincias y municipios, referidas como "freezer", mostraron un modesto aumento del 41,1%, indicativo de una congelación en el incremento de fondos destinados a estas jurisdicciones. Contrastando con estos recortes y contenciones, el pago de intereses de deuda escaló un alarmante 324,4%, mucho más allá de la inflación, lo que limitó el potencial del superávit.
Diego Rivas y Lucio Cardinale Lagomarsino, los investigadores a cargo del análisis, subrayaron que, aunque no se aplicaron reducciones significativas de impuestos, se observaron algunos incrementos como el impuesto PAIS. A pesar de una caída en la recaudación del 4,2% debido principalmente a la reducción de la actividad económica, se anticipa una mejora en la recaudación futura ligada a potenciales cambios tributarios propuestos en la Ley Bases.
El informe concluye enfatizando la necesidad de un debate urgente sobre los gastos tributarios y exenciones fiscales, que representan una parte sustancial del PIB y que no se modificaron significativamente. Revisar estos beneficios fiscales se vuelve crucial para asegurar un equilibrio fiscal que minimice el impacto social de las medidas de austeridad.
