El pasado 15 de abril de 2025, el Gobierno argentino dictó el Decreto 273, eliminando la prohibición que impedía importar bienes de capital usados. Como era de esperarse, la medida generó críticas de los productores locales de estos equipos, pero también el beneplácito de los usuarios, quienes ahora acceden a nuevas opciones para equipar sus empresas a menor costo.
Tal como advertía Maquiavelo, en política económica no existen decisiones que beneficien a todos por igual: los perjudicados alzan la voz, mientras que los beneficiados suelen permanecer en silencio.
Para entender el debate, conviene distinguir entre bienes duraderos (como el vino de guarda) y bienes durables (como una máquina o un auto). El valor de los bienes usados sólo aplica a estos últimos: son bienes que admiten múltiples usos, incluso después de haber sido utilizados por otros.
En ese sentido, los bienes durables usados tienen valor económico real. Aunque presentan un desgaste natural, su menor precio compensa la pérdida de productividad o calidad, habilitando nuevas oportunidades de negocio, sobre todo para empresas que no podrían acceder a bienes nuevos de alta gama.
La protesta de los fabricantes locales es comprensible: compiten no sólo contra productos nuevos importados, sino también contra equipos usados que, a menor precio, amplían la oferta para los consumidores.
No obstante, prohibir por completo el comercio de bienes usados sería un exceso. Como bien señaló John Hicks, los bienes usados cumplen un rol económico al permitir democratizar el acceso a herramientas productivas, sobre todo en sectores emergentes o menos capitalizados.
Eso sí, el debate no debe perder de vista un punto crucial: el control en la valuación aduanera. Si los aranceles se calculan sobre valores subdeclarados, los beneficios de la importación pueden transformarse en una competencia desleal.
En definitiva, la apertura a los bienes usados plantea oportunidades de expansión para el entramado productivo argentino, pero también exige regulaciones inteligentes para evitar abusos y proteger de forma razonable a la industria nacional.
