El documento tiene como objetivo "apoyar de forma constructiva la intención del Gobierno Nacional de mejorar aspectos de la Ley 27.640 de Biocombustibles", señalan.
La secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, sintetizó que se busca fomentar la competitividad y el equilibrio entre las pymes y grandes empresas productoras, acompañando el proceso de desregulación que alienta el gobierno nacional. "El proyecto impulsa la existencia de dos segmentos, uno de las no integradas, que son las empresas que no son dueños del aceite; estamos hablando de pymes. Y en el otro, las integradas, que son las dueñas del aceite", señaló la funcionaria.
La iniciativa nacional pone como punto de partida en 10 % la mezcla de biodiesel con gasoil, que pronto será de un 15 %. La participación en ese 10% inicial se establecerá por licitaciones. Además, lo que proponen Santa Fe y las provincias productoras en el proyecto elevado a Nación es que haya licitaciones separadas, en segmentos separados. El 6,5 % del corte del 10 % lo licitarían las no integradas y pymes, entre sí; y el otro 3,5 % las integradas o grandes aceiteras, entre ellas.
También indican que lo que se crezca en el corte, es decir, cuando se pase del 10%, todo ese biodiesel se va a licitar entre todas las empresas, ya sin distinción de tamaños y sin otros segmentos.
Un proyecto calificado como superador
El proyecto es impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro por Santa Fe, junto a las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy. "Somos las provincias que más producimos, las mayores productoras de biocombustible. Santa Fe tiene el 82% de la capacidad productiva del biodiesel del país", destacó la funcionaria provincial.
Muchas empresas pymes se crearon a partir del fomento que se dio a la industria desde mediados de los 2000, pero cuando se bajó el corte, el sector, principalmente las pymes, se vieron comprometidas. En la Ley Ómnibus del actual Ejecutivo se eleva el corte, pero se establece una desregulación que pone en situación de desigualdad a pymes contra grandes productores, sostienen las provincias. Esa disparidad es la que se busca saldar desde el punto de vista de la eficiencia, obteniendo el mejor precio posible para cada uno de los segmentos, en licitaciones como propone el Gobierno Nacional.
