El reciente decreto nacional que habilita la importación de maquinaria agrícola usada encendió luces de alarma en el corazón industrial del país. Con más de mil fábricas en funcionamiento y miles de puestos de trabajo involucrados, las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos iniciaron gestiones conjuntas ante el Gobierno nacional para frenar el posible impacto negativo que la medida podría tener en la producción local.
La avanzada estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, quien viajó a Buenos Aires para reunirse con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Lo acompañaron Pedro Dellarosa, representante industrial de Córdoba, y funcionarios de Entre Ríos. La consigna común: exigir reglas claras que garanticen competitividad sin poner en riesgo la industria nacional.
"Producir en Argentina debe ser rentable", afirmaron los funcionarios, quienes advirtieron que la libre importación sin salvaguardas podría abrir la puerta al ingreso masivo de equipos obsoletos, sin trazabilidad ni control sanitario. Frente a ese riesgo, los gobiernos provinciales acercaron propuestas puntuales para revisar el decreto 273/2025 antes de su implementación definitiva.
Entre los pedidos clave se destaca la aplicación de trazabilidad obligatoria para cada máquina importada, con el objetivo de evitar que vuelva al mercado interno de manera irregular. También propusieron ajustar el IVA técnico para fabricantes locales, reducir aranceles a materias primas esenciales y reforzar los controles fitosanitarios en frontera.
Desde el sector público y privado sostienen que la industria de maquinaria agrícola no puede competir en igualdad de condiciones si se permite el ingreso irrestricto de unidades de segunda mano que no cumplen con los mismos estándares de calidad o seguridad.
"Estamos a favor de la apertura comercial, pero debe hacerse con inteligencia. No se puede desproteger a quienes llevan décadas invirtiendo en innovación y empleo", enfatizó Puccini. Según explicó, el desafío no es cerrar el mercado, sino asegurar un equilibrio entre importaciones y producción nacional que permita sostener la cadena de valor agroindustrial.
Las negociaciones continuarán en los próximos días, con la expectativa de introducir modificaciones en el decreto antes de que entre en plena vigencia. Para las provincias de la Región Centro, el camino hacia una economía abierta no puede prescindir de medidas que reconozcan el valor estratégico de la industria local.
