El reciente Decreto 273/2025, que flexibiliza las condiciones para importar maquinaria usada a la Argentina, encendió una fuerte alarma en la provincia de Santa Fe, epicentro de la fabricación nacional de bienes de capital. Desde sectores industriales y sindicales coinciden en que la norma puede tener un impacto directo en la producción local y, en consecuencia, en el empleo.
Con la nueva normativa, el Gobierno Nacional elimina la exigencia del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), reemplazándolo por una declaración jurada por parte del importador. Hasta ahora, ese certificado solo se emitía si se comprobaba la inexistencia de producción nacional similar, lo cual actuaba como una barrera para proteger la industria local. La eliminación de ese requisito, según industriales y trabajadores, habilita una competencia desleal frente a productos importados con menor valor pero menor vida útil o tecnología obsoleta.
Advertencias desde Santa Fe
La preocupación no tardó en expresarse públicamente. Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de Santa Fe consideraron que la medida pone en jaque la sustentabilidad de industrias locales, particularmente las vinculadas a la metalmecánica, la agroindustria y el desarrollo tecnológico. "Estamos ante una desregulación que puede traducirse en pérdida directa de empleo privado", manifestaron en un comunicado oficial.
El gremio alertó además sobre efectos colaterales: una caída en la actividad industrial repercutiría también en la recaudación fiscal provincial, limitando inversiones clave en infraestructura o programas de estímulo productivo.
La postura del gobierno provincial
A la par del reclamo sindical, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, también se pronunció en contra del decreto. En una publicación en la red social X, Puccini enfatizó el peligro que implica para el entramado industrial de la provincia. "Más de mil empresas de maquinaria agrícola tienen base en Santa Fe. Esto significa entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo directos", remarcó.
En su análisis, Puccini advirtió que permitir la entrada de maquinaria usada beneficia a países que "se desprenden de equipamiento antiguo, vendiéndolo como si fuese competitivo", y subrayó la necesidad de fomentar el desarrollo industrial nacional con un enfoque federal y reglas claras. "Necesitamos políticas que impulsen la innovación, no que abran la puerta a la obsolescencia importada", agregó.
Impacto en los clústeres productivos
Santa Fe representa un nodo clave en el ecosistema industrial argentino. La apertura a la importación sin restricciones puede generar un desplazamiento de la demanda hacia bienes más económicos, afectando la cadena de valor local. Empresarios del sector ya manifestaron inquietud por la caída en las órdenes de compra, mientras que algunos talleres pequeños temen directamente por su continuidad.
La medida también generó malestar en otras provincias con fuerte presencia manufacturera, donde ya se evalúan estrategias conjuntas para solicitar una revisión de la normativa.
Llamado al diálogo
Desde la UPCN y distintos sectores empresarios se reclamó una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional que permita evaluar el verdadero impacto del decreto. "No se puede seguir tomando decisiones que afectan a la producción sin escuchar a quienes la sostienen todos los días", expresaron.
El caso pone en evidencia la tensión permanente entre apertura comercial y protección de la industria nacional. Mientras el Ejecutivo argumenta que busca mayor competitividad y precios accesibles para el productor, los actores del interior productivo responden que la competitividad no puede alcanzarse a costa del empleo argentino.
