En una sesión que comenzó a las 11 de la mañana de este miércoles, la Cámara Baja aprobó por mayoría el proyecto de ley de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios. La propuesta había sido originalmente presentada en 2022 por el gobierno de Gustavo Bordet, aunque ha sido modificada bajo la gestión actual de Rogelio Frigerio, con la participación activa del legislador oficialista Juan Manuel Rossi en la Comisión de Ambiente.
El debate reflejó una división dentro del bloque opositor Más para Entre Ríos, donde algunos legisladores respaldaron la iniciativa, mientras otros se opusieron. La sesión estuvo marcada por la presencia de manifestantes, con ambientalistas mostrando su rechazo y representantes del sector rural manifestando su apoyo.
Nuevas áreas de regulación
La normativa establece tres categorías de zonas para la aplicación de fitosanitarios: Exclusión, Amortiguamiento y una especial para Escuelas. Cada una presenta restricciones específicas según la cercanía a áreas habitadas o de sensibilidad ambiental.
En las zonas de exclusión, se prohíbe la aplicación de fitosanitarios en áreas con asentamientos de personas a menos de 10 metros para aplicaciones manuales, 100 metros para aplicaciones con vehículos terrestres, y 200 metros para fumigaciones aéreas. En áreas sin asentamientos, como cursos de agua o zonas protegidas, estas distancias se reducen a la mitad.
Las zonas de amortiguamiento solo permiten el uso de fitosanitarios de baja toxicidad (clases III y IV) autorizados por SENASA, y bajo estrictas condiciones: la intervención de un asesor fitosanitario, presentación de una receta digital, aviso con 48 horas de anticipación y condiciones meteorológicas favorables.
Las 781 escuelas rurales en Entre Ríos, consideradas áreas sensibles, tendrán mayores distancias de seguridad: 15 metros para aplicaciones manuales, 150 metros para aplicaciones terrestres con vehículos y 500 metros para fumigaciones aéreas.
Medidas de protección y control
La nueva ley también contempla incentivos fiscales, beneficios económicos y compensaciones para los productores que adopten prácticas sostenibles en las zonas de exclusión. Además, el gobierno provincial, junto a municipios y comunas, deberá implementar redes de monitoreo ambiental para evaluar el impacto de los fitosanitarios en el suelo, aire, agua y ecosistemas.
Asimismo, la normativa prevé una vigilancia epidemiológica para las personas expuestas a productos fitosanitarios, así como la creación de un Consejo Asesor Fitosanitario, compuesto por 17 representantes de diversos sectores, incluidos el INTA, organizaciones de productores, sindicatos y grupos ambientalistas.
Esta ley busca conciliar la producción agropecuaria con la protección del medio ambiente, estableciendo un marco más estricto y controlado para el uso de fitosanitarios en Entre Ríos.
