Las movilizaciones, anunciadas por los principales grupos de agricultores -Asaja, COAG y UPA-, reflejan un malestar común en toda Europa, donde se critica que las políticas medioambientales de la UE están afectando la rentabilidad agrícola y contribuyendo al incremento de los precios de los alimentos.
La situación se ha visto agravada por una prolongada sequía en el sur de España, que ha reducido la producción de cultivos clave como el arroz y las aceitunas durante los últimos dos años. Pedro Barato, presidente de Asaja, ha confirmado que las movilizaciones están previstas para las próximas semanas, mientras los miembros de la asociación se preparan para reunirse el 1 de febrero para organizar las protestas.
El malestar no se limita a España. En Portugal, la Confederación Nacional de Agricultura también está organizando protestas, y en Francia, las manifestaciones han complicado el transporte transfronterizo, causando pérdidas millonarias diarias a las empresas españolas, según estimaciones de la asociación española de transporte, Fenadismer.
Además de luchar contra las regulaciones y la sequía, los agricultores españoles enfrentan la competencia de productos importados de fuera de la UE, a menudo a precios más bajos. Entre sus demandas, se espera que soliciten a Bruselas detener las negociaciones con el bloque comercial Mercosur y revisar los acuerdos comerciales con países como Chile, Kenia, México, India y Australia.
A pesar de las tensiones, una fuente del gobierno español ha destacado el apoyo brindado a los agricultores, incluyendo financiamiento y regulación para adaptarse al cambio climático, las consecuencias de la guerra en Ucrania, y para modernizarse y ser más competitivos a nivel global. Sin embargo, la fuente también señala que, a pesar del máximo respeto por el derecho a protestar, los agricultores españoles no enfrentan los mismos problemas que sus homólogos franceses.
Las protestas de agricultores se están convirtiendo en un fenómeno común en toda Europa, con movilizaciones también en Bélgica, Alemania, Polonia y Rumania, mostrando un creciente descontento con el actual marco regulatorio y de mercado en el sector agrícola.
