La solicitud fue formalizada mediante una declaración conjunta emitida durante la Expo Rural en Buenos Aires, donde los representantes de estos países expresaron su preocupación por el impacto potencialmente negativo que esta normativa podría tener en el comercio internacional.
El Reglamento 1115 de la UE establece criterios estrictos para la importación de productos agrícolas, con el objetivo de combatir la deforestación. Sin embargo, los países miembros del CAS consideran que esta normativa podría actuar como una barrera comercial, especialmente en un momento de incertidumbre respecto a su implementación. En su declaración, los países sudamericanos argumentan que la normativa podría ser incompatible con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), señalando la necesidad de una cooperación internacional basada en fundamentos científicos y que tenga en cuenta las realidades locales y las legislaciones nacionales.
Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y presidente pro tempore del CAS, expresó: "La declaración del CAS solicita a la Comisión Europea postergar la implementación de la normativa prevista para el 30 de diciembre de este año, entendiendo que constituye una barrera para el acceso al mercado europeo, agravado por la importante falta de precisiones aún existente en el proceso de implementación y que viene generando una alta incertidumbre en el comercio internacional".
Los países del CAS enfatizaron que ya han adoptado políticas de buenas prácticas agrícolas y tecnologías avanzadas para minimizar el impacto ambiental de la producción. Subrayaron la importancia de abordar los problemas ambientales desde una perspectiva global, sin centrarse únicamente en una región o actividad específica.
Además de la declaración del CAS, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) ha expresado preocupaciones similares. Tanto de forma conjunta como individual, sus miembros han subrayado la necesidad de que cualquier normativa adoptada tenga un respaldo científico sólido y no se base en decisiones políticas.
La solicitud de postergación y la demanda de una cooperación internacional más amplia y fundamentada en la ciencia reflejan un esfuerzo por garantizar que las políticas ambientales globales sean equitativas y no perjudiquen injustamente a los productores de la región.
