Tres entidades prominentes de la Mesa de Enlace, CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), FAA (Federación Agraria Argentina) y SRA (Sociedad Rural Argentina), se han manifestado en contra del proyecto de ley enviado al Congreso, que plantea la adhesión de Argentina al tratado internacional UPOV 91.
La adhesión a UPOV 91, según las entidades agrarias, implica la pérdida del derecho de uso propio de semillas por parte de los productores, además de extender los derechos de los obtentores. Este cambio ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre los derechos de los agricultores y la promoción de la innovación. La preocupación central radica en que UPOV 91 beneficia principalmente a los desarrolladores comerciales de variedades uniformes, limitando los derechos de los agricultores para guardar y utilizar semillas y material de propagación.
Las características claves de UPOV 91 incluyen la necesidad de autorización del obtentor para el uso propio, la extensión de derechos hasta el producto de la cosecha, y una ampliación en la duración del derecho de propiedad. Hasta la fecha, solo Costa Rica y Perú en América Latina han adoptado este tratado.
CRA, FAA y SRA subrayan la importancia de equilibrar los derechos del obtentor con los de los agricultores, y solicitan retirar la adhesión a UPOV 91 del proyecto de Ley de Bases. Argumentan que la actual legislación argentina ya resguarda adecuadamente los derechos de propiedad intelectual de los obtentores en convivencia con el derecho de uso propio del agricultor. Proponen abordar el tema en una actualización integral de la Ley de Semillas, involucrando a todos los sectores afectados.
Pablo Palazzi, Octavio Mitelman y Loida G. da Cruz, del estudio Allende & Brea, han analizado el proyecto de ley ómnibus que propone la adhesión a UPOV 91. Destacan que la adhesión busca aumentar la protección contra el uso desautorizado de variedades protegidas e incorporar prácticas internacionales que estimulen la productividad y el comercio. Sin embargo, esta adhesión introduce cambios sustanciales en la protección de variedades vegetales, en particular relacionados con el derecho al "uso propio" y la restricción de la circulación ilegal de semillas.
El debate sobre UPOV 91 en Argentina pone en relieve la necesidad de un equilibrio cuidadoso entre los derechos e intereses de diferentes actores en el sector agrícola. Mientras que la protección de la propiedad intelectual es crucial para incentivar la innovación, es igualmente importante proteger los derechos y prácticas tradicionales de los agricultores, quienes desempeñan un papel central en la seguridad alimentaria y la economía rural.
