Ante esta situación, amenazan con llevar a cabo un cese de comercialización de la producción hasta que se atienda su demanda.
Las sociedades rurales y asociaciones de productores de diversas localidades del norte bonaerense expresaron su rechazo a una norma del Senasa que impone a los productores la responsabilidad de fiscalizar el transporte de animales. En un comunicado, manifestaron su descontento con la transferencia de la tarea de control a los particulares dadores de carga, y exigieron la suspensión de esta medida.
Según explicaron, cuando el transporte contratado no cumple con las normas establecidas, el productor dador de carga es sancionado y se le niega la obtención del Documento de Tránsito Electrónico (DT-e). Las entidades argumentaron que los productores rurales no deben asumir el papel de agentes policiales del Estado, ya que esta responsabilidad recae en el Senasa.
El Senasa ha denominado a esta nueva estrategia como el "Plan de verificación del registro de transportes de animales", el cual comenzó a implementarse parcialmente la semana pasada. Hasta el 23 de julio, los productores que tramiten un DT-e a través del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) deben registrar el dominio del vehículo de transporte utilizado. El sistema informará si el transporte tiene habilitación vigente, vencida o no registra habilitación.
Durante la primera fase de prueba, los usuarios podrán emitir el DT-e y realizar el traslado de la hacienda siempre que el sistema no indique que el vehículo "No registra habilitación". Sin embargo, a partir del 24 de julio de 2023, será obligatorio consignar el dominio del transporte y su condición de "Habilitación vigente" para los movimientos de bovinos, bubalinos, aves, ovinos y equinos destinados a frigoríficos habilitados para exportación a la Unión Europea. Para el resto de las especies y destinos distintos a la Unión Europea, se permitirá el traslado de animales con registro vencido.
Ante la gravedad de estas disposiciones, las entidades de productores del norte bonaerense advirtieron sobre un fuerte rechazo de todo el sector rural, y amenazaron con llevar a cabo un cese de comercialización de toda la producción.
Con esta medida de presión, los productores buscan que el Senasa reconsidere su normativa y brinde soluciones que no afecten su labor ni los responsabilicen de tareas de fiscalización que no les corresponden.
