El reciente veto de la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, a la House File 639, ha desatado una tormenta política en el corazón agrícola de Estados Unidos. La ley, que buscaba limitar el uso del dominio eminente en proyectos de ductos de dióxido de carbono (CO2), fue presentada como un escudo para los derechos de los propietarios rurales. Pero para la mandataria, se trata de una norma "vagamente redactada" que podría frenar la competitividad energética del estado.
La HF 639 incluía medidas clave como el incremento en los requisitos de seguro para ductos de líquidos peligrosos, la limitación a un solo permiso de 25 años para ductos de carbono, y un cambio en la definición de "transportista común", lo que complicaría a las empresas el uso del dominio eminente. Esta figura jurídica permite al Estado, o empresas con su autorización, usar propiedades privadas para proyectos de interés público, como carreteras o servicios básicos.
La industria de los biocombustibles, y buena parte del agro, se alinearon contra la ley. En el centro del conflicto está el proyecto de Summit Carbon Solutions, que planea recolectar CO2 de bio-refinerías de Iowa y transportarlo a Dakota del Norte para su almacenamiento subterráneo. De aprobarse la ley, este ambicioso plan -considerado clave para el acceso a mercados de combustibles de ultra baja emisión como el de la aviación sostenible- habría quedado en jaque.
"Podríamos perder nuestra posición de liderazgo como estado productor de biocombustibles si frenamos esta infraestructura vital", advirtió Reynolds en su carta de veto. Para la gobernadora, el desarrollo energético y la inversión privada corren riesgo si se establecen límites "arbitrarios" al uso del suelo.
La respuesta fue inmediata. Legisladores republicanos en la Cámara Baja iniciaron un intento por reunir al Congreso estatal en una sesión extraordinaria y anular el veto, aunque los líderes del Senado -también republicanos- descartaron apoyar esa medida. El presidente de la Cámara, Pat Grassley, dijo que la batalla por los derechos de los agricultores "no ha terminado".
Mientras tanto, asociaciones rurales como la Iowa Corn Growers Association señalaron que ingresar al mercado de combustibles sostenibles podría generar una demanda adicional de 6.5 millones de bushels de maíz, clave para productores asfixiados por altos costos de insumos y márgenes de ganancia cada vez más reducidos.
Por otro lado, opositores a la decisión acusan a Reynolds de "traicionar" el lema del estado: "Nuestros derechos los preservamos". La propietaria Mary Powell y el productor Don Johanssen, entre otros, expresaron su frustración, al considerar que el veto favorece a corporaciones y desprotege a los agricultores frente a eventuales daños ambientales.
"El proyecto les habría otorgado cobertura legal ante accidentes y obligaciones a las empresas de ductos para asumir costos de seguros", explicó Johanssen. Otros señalan que la ley iba más allá de los ductos de CO2, y afectaría permisos de infraestructura energética en general, añadiendo incertidumbre al sector.
Pese a los cuestionamientos, Reynolds propuso avanzar en algunos aspectos del proyecto rechazado, como exigir la presencia obligatoria de comisionados en audiencias públicas de la Comisión de Servicios Públicos de Iowa. También se comprometió a trabajar en una reforma que "modernice los permisos, respete la propiedad privada y promueva restauración responsable de suelos".
La polémica apenas comienza. Con un Legislativo profundamente dividido, agricultores enfrentados entre la necesidad de nuevos mercados y la defensa de sus tierras, y una gobernadora que no buscará la reelección en 2026, Iowa se convierte en el epicentro nacional del debate entre progreso energético y derechos rurales.
