. El recurso, una "acción declarativa de certeza", argumentaba que el aumento del impuesto, en algunos casos superior al 200% aprobado por la Legislatura, era "ilegítimo y confiscatorio".
Sin embargo, la jueza Bisio rechazó la solicitud, alegando que no existía un riesgo inminente que justificara la adopción de una medida cautelar y que no se había demostrado una verosimilitud en el derecho del demandante.
Las entidades ruralistas han expresado su descontento y se han manifestado contra el gobierno de Axel Kicillof, subrayando la dificultad de la batalla legal para revertir el aumento impositivo. Reacciones y Consecuencias
En Entre Ríos, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) ha alertado sobre incrementos promedio del 300%, cifra que excede lo acordado con el Gobierno provincial, generando preocupación entre los productores rurales.
Pese a la decisión desfavorable, Arechavala ha optado por continuar su lucha legal a través de los canales judiciales normales en lugar de apelar la sentencia, con el objetivo de evitar la prolongación del proceso.
Fundamentos del Fallo
La jueza Bisio destacó que no había una deuda fiscal pendiente ni embargos que justificaran una medida cautelar. Además, señaló que el demandante había abonado en tiempo la cuota correspondiente al impuesto, lo que indicaba que no existía un perjuicio inmediato o difícil de reparar ulteriormente.
El fallo también subrayó la necesidad de un mayor debate y prueba para evaluar la repercusión del aumento tributario en la situación económica del demandante.
La jueza cuestionó la argumentación del demandante sobre el riesgo futuro de incremento en los costos, al no encontrar claridad en sus planteamientos.
Finalmente, Bisio enfatizó la grave afectación al interés público que implicaría la admisión de la medida cautelar, al comprometer la política de recaudación fiscal del Poder Legislativo y afectar la función recaudatoria del Estado provincial, esencial para el cumplimiento de sus cometidos públicos.
