Economia

Reforma estructural en el INTA: cierran instalaciones y reducen personal 

El Consejo Directivo aprobó un plan de reestructuración significativo que implica el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la eliminación de 41 agencias de extensión a nivel nacional.

28 Feb 2025


En una decisión que marca un punto de inflexión en la política de ajuste del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Directivo aprobó un plan de reestructuración significativo que implica el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y la eliminación de 41 agencias de extensión a nivel nacional.

El encuentro del Consejo Directivo, que contó con la presencia de sus miembros y se realizó bajo la atenta mirada de representantes del gremio de trabajadores del INTA (Apinta), también resolvió transformar la división de Agricultura Familiar en el área de Producciones Regionales y de Pequeña Escala, suprimiendo 75 puestos de trabajo en el proceso.

Esta serie de medidas, que fueron discutidas y finalmente aprobadas hoy, forman parte de una estrategia más amplia iniciada en noviembre pasado, cuando el organismo adoptó una política de reducción de costos que incluyó la venta de activos y ofrecimientos de retiro voluntario. Hasta la fecha, la institución ha disminuido su personal en un 16% con respecto a sus niveles de 2023, con una proyección de alcanzar una reducción del 23% para el año 2026, volviendo así a cifras similares a las de 1990.

Además del cierre de instalaciones y la reducción de personal, el INTA ha iniciado un exhaustivo análisis de todas sus áreas para optimizar recursos y mejorar la eficiencia. Se espera que, para finales de 2025, el número de empleados se sitúe en 5,720, con una posible reducción adicional a 5,560 para finales de 2026.

Los cambios también incluyen una nueva distribución del presupuesto, que busca equilibrar la relación entre salarios y operación. Actualmente, el INTA maneja un presupuesto en el que el 70% se destina a salarios y el 30% a funcionamiento, cifra que podría ajustarse a un equilibrio de 50:50 si se liberan completamente los recursos propios asignados por ley al organismo.

Esta reorganización ha generado preocupaciones entre los empleados y sindicatos, que temen por el impacto en los servicios de extensión y en la capacidad del INTA para cumplir con su misión de apoyo al sector agropecuario. Sin embargo, desde la dirección se argumenta que las medidas son necesarias para adaptarse a un entorno económico desafiante y asegurar la sostenibilidad a largo plazo del instituto.

El Consejo Directivo, compuesto por representantes gubernamentales, académicos y de organizaciones agropecuarias, sostiene que estas decisiones son fundamentales para mantener la relevancia y eficacia del INTA en el contexto de un sector agropecuario en constante evolución y enfrentado a desafíos económicos y tecnológicos globales.

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