El ministro Martín Guzmán puede exhibir los resultados de los cuatro primeros meses como un ajuste fiscal muy superior al presupuestado. De hecho, el déficit fiscal primario durante los primeros cuatro meses de 2021, ascendió a sólo $ 192.000 millones, siendo que para todo el año había sido presupuestado en 1,568 billones de pesos. Es decir, entre enero y abril, el déficit fue apenas el 12% de lo presupuestado.
Durante el año 2020 el déficit fiscal primario había aumentado un 734%, pasando de $ 218.000 millones en 2019 a 1,818 billones de pesos en 2020. Para 2021 fue presupuestado con una reducción del 14% nominal, una meta de por sí muy ambiciosa. Sin embargo, los resultados de los cuatro primeros meses son mejores que lo presupuestado.
El ministro Guzmán confía en que este comportamiento de las cuentas fiscales no empeore en los próximos meses, con lo cual podría llegar a sobre cumplir la meta de reducción del déficit fiscal primario. Eso le daría un importante argumento en la negociación con el FMI.
Un examen más detallado de las cuentas fiscales de enero a abril de 2021 pone de manifiesto que el ajuste fiscal que se está produciendo es consecuencia de un gran aumento de la recaudación impositiva y de un atraso importante de las prestaciones de la seguridad social y de los sueldos públicos en comparación con el resto de los gastos. Estos comportamientos, detallados en el cuadro 1, sólo pueden explicarse por el efecto de una inflación mucho más alta que la presupuestada
El aumento del 65% de los ingresos fiscales en los cuatro primeros meses de 2021, más del doble que el porcentaje de aumento durante todo el año 2020, se explica por un aumento del 93% de los recursos tributarios y sólo un 35% de los recursos de la seguridad social.
Semejante diferencia deviene de tres factores: el aumento de las retenciones agropecuarias por efecto de la devaluación y el aumento de los precios de las exportaciones; la creación de nuevos impuestos y el aumento de alícuotas; el aumento de la tasa mensual de inflación desde los últimos meses de 2020 hasta el mes de marzo de 2021 y la aceptación, hasta ahora sin grandes reclamos, de aumentos a los jubilados muy por debajo de la tasa de inflación.
En el cuadro 2 puede observarse que los derechos de exportación aumentaron 188% en el período enero-abril 2021 con respecto a enero abril 2020. El impuesto a los bienes personales, que incluye el denominado impuesto a la riqueza, aumentó 358% y los internos coparticipados un 126%. Los impuestos relacionados con los niveles de ventas internas, claramente explicados por la inflación y las importaciones, aumentaron entre el 51% en el caso del impuesto a los débitos y créditos bancarios y el 89% por ciento de los derechos de importación, pasando por el 86% en el impuesto a los combustibles, el 70 % en el impuesto a las ganancias y el 64 % en el IVA.
Volviendo al Cuadro 1, el aumento del 33% de los gastos primarios durante los cuatro primeros meses de 2021, bastante por debajo del aumento del 63% que se observó durante el año 2020 con respecto a 2019, se logra con porcentajes de aumentos mucho más bajos que el promedio para las prestaciones de la seguridad social (29 %) y los salarios del sector público (28%). Los todavía fuertes aumentos de los gastos en bienes y servicios (76%) y el déficit de las empresas del Estado (93%) indican que el ajuste de los gastos no se produce por una reforma estructural del sector público sino de ajustes nominales de salarios y jubilaciones por debajo de la inflación, mecanismo que sólo produce efectos transitorios, difícilmente sostenibles en el tiempo.
Además, el aumento de sólo el 28% de las transferencias al sector privado, que incluyen los subsidios sociales que han comenzado a reducirse, pero también los subsidios que se pagan para evitar el aumento de las tarifas de los servicios públicos, pueden llegar a aumentar mucho más como consecuencia de la oposición de la vicepresidenta a autorizar los ajustes que permitirían mantener el monto presupuestado de dichos subsidios.
Por todas estas razones, el curso de las cuentas fiscales no puede ser tomado como un avance sostenible hacia el equilibrio fiscal que necesitaría la economía para poder encarar un programa antiinflacionario con chances de éxito. Por el contrario, el gobierno necesitará que la inflación se mantenga elevada para seguir recaudando el impuesto inflacionario y los demás impuestos indirectos que también se alimentan del aumento de los precios.