En un ambiente marcado por la fuerte tensión, se realizó un encuentro en la Secretaría de Trabajo de la Nación entre el gremio de aceiteros y los inversores estratégicos -ACA, Viterra y Bunge-, que culminó sin lograr acuerdos y con crecientes reclamos por el pago íntegro de salarios. Los trabajadores, que hasta la fecha solo han recibido entre el 30% y el 50% de lo adeudado en febrero, exigen la cancelación total de sus haberes, mientras las empresas inversoras se deslindan, negando cualquier responsabilidad solidaria en el conflicto.
Crisis laboral y financiera en Vicentin
La agroexportadora, que se declaró en default en diciembre de 2019 con deudas que superan los u$s1.300 millones, ha señalado que la imposibilidad de saldar la totalidad de los salarios del mes de febrero se debe a un grave problema de liquidez y a la paralización completa de sus operaciones. Según los representantes de la empresa, el conflicto se agrava a causa de la dilación en la homologación del acuerdo preventivo por parte de la justicia provincial, lo que ha generado un pasivo post-concursal insostenible ante la drástica reducción de ingresos, especialmente por la ausencia de operaciones de fasones de soja.
Durante la audiencia, Vicentin responsabilizó a la Justicia de Santa Fe, a un conglomerado de acreedores y, en cierta medida, a los propios trabajadores por entorpecer el proceso, mientras solicitaba la citación de nuevas compañías -COMMODITIES SA y GRASSI SOCIEDAD ANÓNIMA- para la próxima audiencia, medida que fue rechazada por el gremio, argumentando que dichas empresas son acreedoras en el concurso preventivo y ajenas al conflicto salarial.
Reacciones sindicales y riesgos judiciales
El sindicato de aceiteros se mostró preocupado ante la falta de respuestas concretas y enfatizó su compromiso en la defensa de los derechos laborales, aclarando que lo que se vive no es un paro general, sino una retención de tareas en protesta por la falta de pago. Por su parte, ACA, Viterra y Bunge reiteraron que no son solidariamente responsables de la deuda salarial y rechazaron enérgicamente cualquier intimación formulada por el sector sindical.
Mientras tanto, Vicentin reafirma su compromiso con la estabilidad laboral, anunciando un esquema de pago que contempla haber depositado un 25% adicional sobre lo ya abonado, y se prevé que la totalidad de los salarios se regularice el 26 de marzo. Sin embargo, la empresa enfrenta además una dura batalla judicial: la demora en la resolución del concurso de acreedores impide el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y aumenta la presión de los principales acreedores, quienes exigen el avance del proceso de cramdown para evitar que la firma pierda el control de sus activos.
Un futuro incierto
El conflicto se ha extendido más allá del ámbito laboral, involucrando procesos judiciales y denuncias por presuntas irregularidades en el manejo financiero de la compañía previo al default. Los directivos de Vicentin aseguran que, de no avanzar favorablemente en el concurso de acreedores, la posibilidad de retener los activos de la firma se diluirá, situación que los lleva a amenazar con elevar el caso hasta la Corte Suprema de la Nación.
En este complejo escenario, la falta de materia prima, la paralización de las plantas -vigente desde el 7 de marzo- y la creciente presión de acreedores y sindicatos auguran que la crisis podría extenderse a nivel nacional, poniendo en riesgo alrededor de 3.000 empleos y generando incertidumbre en el sector agroindustrial. Mientras tanto, se espera que el diálogo entre las partes permita, al menos, mitigar el impacto social de esta situación crítica.
