Con la cuenta regresiva en marcha hacia el vencimiento del plazo de 90 días fijado por el gobierno nacional, dirigentes ruralistas de toda la Patagonia se reunirán esta semana con autoridades del área agropecuaria y del SENASA. El tema central: la continuidad de la histórica barrera sanitaria que impide el ingreso de carne con hueso desde el norte del río Colorado. La discusión, sin embargo, trasciende lo técnico y se adentra en lo político, lo económico y lo territorial.
Desde el sur, la percepción es clara: hay decisiones ya tomadas que ahora se buscan validar a último momento. Los referentes del sector cuestionan la demora en la convocatoria y advierten que el margen para negociar es cada vez más estrecho. En un reciente encuentro virtual, representantes de las distintas sociedades rurales de la región ajustaron los argumentos que llevarán a la mesa nacional.
Uno de los principales focos de tensión gira en torno a la bioseguridad. Aunque desde organismos técnicos se asegura que el riesgo de reintroducción de fiebre aftosa es mínimo, en el sur persiste una preocupación latente: si el país enfrenta un nuevo brote, los perjuicios no se repartirán de manera equitativa. En las provincias patagónicas, donde no se vacuna, las consecuencias podrían ser devastadoras.
La posible afectación a Tierra del Fuego es otro de los puntos álgidos. De levantarse la barrera, la isla podría quedar aislada comercialmente, ya que las estrictas políticas sanitarias de Chile impedirían el tránsito de productos ganaderos por su territorio. Esto implicaría un bloqueo de facto para la producción local, especialmente de carne ovina y reproductores.
La mirada desde el sur también contempla el impacto económico y social. Con costos de producción más elevados que en otras zonas del país, la ganadería patagónica ya enfrenta dificultades para mantenerse competitiva. La apertura al ingreso de carne desde regiones con menor carga impositiva y sanitaria podría acelerar un proceso de abandono de la actividad, con consecuencias sobre la ocupación territorial y el empleo rural.
Más allá de los aspectos técnicos, las especulaciones sobre quiénes se beneficiarían con la medida alimentan el malestar. Para los productores del sur, el escenario actual deja entrever que detrás de la supuesta flexibilización hay intereses comerciales concentrados, con ventajas directas para algunas grandes cadenas de supermercados y frigoríficos.
En este contexto, la delegación que viajará a Buenos Aires -integrada por representantes de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y acompañada por referentes de distritos del sur bonaerense- buscará hacer oír su postura antes de que el gobierno defina el destino de una medida con profundas implicancias territoriales.
El encuentro servirá también para presentar un informe técnico que proyecta el impacto económico que tendría la eventual habilitación del ingreso de carne con hueso desde el norte. El trabajo da cuenta de una cadena de efectos negativos que ya comenzó a notarse: caída en los precios del ternero, suspensión de inversiones y retracción de actividades complementarias como el alambrado, el transporte de hacienda y la provisión de insumos.
Detrás de cada número, una advertencia que recorre los campos de la región: sin políticas diferenciadas, la Patagonia corre el riesgo de perder su identidad ganadera. Y con ella, una parte clave de su entramado social y productivo.
