El largo y complejo proceso concursal de la agroexportadora Vicentin ha dado un paso significativo este miércoles, cuando el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Comercial de Reconquista, decidió levantar la intervención que pesaba sobre la empresa desde hace cuatro años. Sin embargo, el futuro de la compañía sigue siendo incierto, ya que la homologación del acuerdo con los acreedores continúa en suspenso debido a medidas cautelares en la justicia penal de Rosario.

Durante la audiencia, que contó con la participación de unas 50 personas, incluidos acreedores, trabajadores y representantes de Vicentin, se anunció la finalización de la labor de los interventores Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg. Ambos fueron designados para garantizar el correcto desarrollo del proceso concursal y, según se informó, cumplieron su cometido sin objeciones de las partes involucradas.

A pesar de este avance, el juez Lorenzini no emitió una resolución sobre la homologación del acuerdo, ya que persisten trabas legales en la causa penal que se sigue en Rosario, donde se investiga a directivos y accionistas de Vicentin por presunta defraudación y estafas. La Cámara de Apelaciones de Rosario ha solicitado reiteradamente que no se homologue el acuerdo hasta que se resuelvan estas cuestiones penales, lo que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace final.

En el encuentro judicial, se abordaron temas relacionados con la situación de los trabajadores y la propuesta de pago presentada por Vicentin a sus 1600 acreedores, la cual incluye un pago inmediato de hasta 30.000 dólares para cada uno, además de un plan de desembolsos escalonados que se extendería por 12 años. Aunque la oferta implica pérdidas para los acreedores, la Cámara de Apelaciones ha señalado que es preferible a la liquidación definitiva de la empresa.

El proceso concursal de Vicentin, que comenzó tras la crisis financiera de la compañía en 2019, sigue siendo uno de los casos más complejos y emblemáticos del sector agroexportador en Argentina. La resolución final dependerá de cómo se resuelvan los aspectos penales y de si se logra un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas.