En junio pasado el presidente de la Corte provincial, Rafael Gutiérrez, firmó un decreto de "avocamiento" al expediente del concurso de Vicentin, homologable al "per saltum", es decir, que se hizo del caso saltando instancias inferiores.
La decisión de Gutiérrez, que luego fue confirmada por el resto de los ministros del máximo tribunal santafesino, fue adoptada a raíz de la presentación de un acreedor (el Grupo Grassi) del concurso que pidió la intervención ante una serie de presuntas irregularidades por parte del juez natural, Fabián Lorenzini.
Además, el decreto suspendió los plazos procesales del concurso, que quedó en suspenso.
Erbetta dijo hoy que "sólo falta el informe del Procurador General, y cuando esté ese pronunciamiento le tocará a la Corte definir" sobre el asunto.
De manera previa, la Corte rechazó un planteo de Vicentin para que se revoque el "avocamiento", en función de que la cerealera adujo tener las mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras -tanto de capital como de acreedores individuales- para arribar a un acuerdo.
Erbetta -en declaraciones a "Radio Dos" de Rosario- dijo que tras el dictamen del Procurador de la Corte, el tribunal quedará en condiciones de resolver.
"No creo que se llegue a septiembre, pero para octubre estará la resolución", agregó el ministro del máximo tribunal provincial.
Tras el análisis del caso, la Corte puede darle el expediente a otro juez civil y comercial, en caso de considerar que Lorenzini hubiera cometido irregularidades, o devolverle el caso al mismo magistrado, para que realice correcciones al proceso.
También puede entender directamente la Corte en el concurso preventivo, dijeron a Télam fuentes judiciales.
Quienes cuestionaron el desempeño del juez Lorenzini señalaron que el magistrado de la localidad santafesina de Avellaneda, donde tiene sede Vicentin, no se ajustó a la ley.
Los planteos van desde la presentación del balance 2019 de la empresa meses más tarde -cuando es una obligación insalvable para abrir el concurso-, hasta la presunta venta en abril pasado de las acciones que Vicentin aún mantiene en Renova, cuando existían dos resoluciones judiciales que lo prohibían.
Por este último hecho fue imputado en la Justicia rosarina por desobediencia judicial el presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, quien en octubre del año pasado fue imputado en libertad, junto a otros 13 directivos de la compañía por presuntas estafas por U$S 500 millones.
Con información de Télam
