La Argentina se consolida como uno de los países con mayor complejidad normativa en materia tributaria, según el Informe N°1 del Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral. El estudio, que analizó la evolución de la normativa entre 2002 y 2024, muestra que los últimos nueve años fueron los de mayor cantidad de cambios impositivos, con un promedio de más de 54 normas por año.

El punto máximo se registró en 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando las medidas de emergencia impulsaron un volumen récord de resoluciones y decretos. De hecho, durante las presidencias de Mauricio Macri (78 normas por año), Alberto Fernández (86) y Javier Milei en su primer año (64), la emisión de normativa se ubicó muy por encima de los niveles previos.

Pese a este caudal de regulaciones, el estudio señala que la presión tributaria solo se redujo 3,1 puntos porcentuales desde 2015, permaneciendo en niveles superiores a los de 2004. El informe destaca que, aunque la mayoría de las normas emitidas desde 2016 buscaron disminuir la carga fiscal, en la práctica se trató de cambios "accesorios", sin reformas estructurales de fondo.

Entre los impuestos más afectados aparecen el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, que concentraron la mayor parte de las modificaciones. El informe resalta también que, mientras el Congreso (PLN) y la AFIP impulsaron cambios en ganancias e IVA, el Poder Ejecutivo (PEN) se centró en la seguridad social y en el comercio exterior, con fuerte incidencia sobre los derechos de exportación e importación y, en tiempos recientes, sobre el impuesto PAIS.

Otro de los hallazgos relevantes es el cambio en la forma de legislar: a partir de 2010 el PEN ganó protagonismo frente al Congreso, aumentando el peso de los decretos presidenciales y resoluciones generales, mientras las leyes perdieron espacio. Esto marca una tendencia hacia una mayor discrecionalidad del Ejecutivo en la política tributaria, en un país donde el principio de legalidad exige que solo el Poder Legislativo puede crear impuestos.

El CET concluye que, pese al dinamismo regulatorio, la Argentina mantiene una alta presión impositiva y una notable inestabilidad normativa, factores que complejizan la planificación de inversiones y limitan la competitividad frente a otros países de la región.