La disparidad de criterios en cuanto a las normas y regulaciones del tránsito entre el gobierno nacional, el de cada provincia y los municipios resulta una verdadera confusión y un factor de riesgo a veces mayor que los que se dice querer combatir.
Viernes 1° de noviembre último, Autovía 2, pocos metros antes de entrar en Lezama, en un tramo con sucesivos carteles con menor velocidad máxima (120, 100, 80, 60), al costado de la banquina un utilitario chico sin identificación con una cámara de fotomultas... ¡oculta detrás de un cartel publicitario!
¿Tan vacías están las arcas del municipio para apelar a este ardid con objeto de labrar multas de tránsito? Porque el único objetivo de dicho control es recaudatorio. Si al menos tuviese un afán disuasivo, para que los automovilistas bajen la velocidad antes de entrar a la zona urbana (es increíble que en el siglo XXI una autovía atraviese una localidad), lo lógico sería lo inverso: que el móvil se vea con mucha claridad y perfectamente identificada desde muy lejos. ¿Cómo puede ser legal y respetable una multa hecha en forma solapada?
He aquí el problema de la distribución en el control y aplicación de las multas en las rutas. Debería haber un único ente que realice las verificaciones y labre las multas en todo el país, para que todos los ciudadanos sepan a qué atenerse. Porque una multa tramposa lejos de dejar una enseñanza en el conductor, lo invita a tratar de burlar los controles con otras infracciones o actitudes peligrosas (ocultar la patente, frenar bruscamente y otras), que ponen a riesgo a los que sí cumplen con la ley.
