Reforma en trámites de patentamientos y transferencias de vehículos en Argentina

Con el pasar de los años, los trámites de patentar o transferir un auto en Argentina fueron sumando formularios, verificaciones, sellados, certificaciones y, por sobre todo, costos. A tal punto que son hasta diez veces más caros que en otros países de la región. Para que se entienda: mientras en otros sitios la inscripción o transferencia de un vehículo es un trámite administrativo con un arancel fijo, acá termina siendo un "tributo" de entre el 5 y el 10 por ciento sobre el valor del bien adquirido. El sistema, diseñado hace más de 60 años, digitalizó algunos pasos del trámite que agilizan, por ejemplo, la carga de datos. Pero eso no evita la presencialidad en el Registro Automotor o en las plantas policiales verificadoras, con las consecuentes complicaciones y pérdidas de tiempo. Una transferencia en Argentina demanda entre once y doce trámites, mientras que en Chile son cinco y en México apenas tres, por sólo citar un par de ejemplos. Los registros -algo más de 1.500 en todo el país- son verdaderos entes recaudadores para cajas nacionales y provinciales, y la transparencia del sistema se opaca por la manera discrecional con que algunos se otorgan, muchas veces a los propios familiares de políticos y funcionarios.En el marco de un replanteo de la estructura del Estado por parte del nuevo gobierno nacional, el tema de los registros y estos trámites ha tomado fuerza en la discusión pública, especialmente en las redes sociales. Es por eso que bajo la consigna "Basta de papeles", los diputados Martín Tetaz (UCR), Oscar Agost Carreño (Cambio Federal), Patricia Vázquez (PRO) y Daiana Fernández Molero (Juntos por el Cambio) se reunieron en dependencias del Congreso para comentar sus proyectos de transformación del sistema registral. Hacia la digitalización totalEl primero en exponer fue Martín Tetaz. Fiel a su estilo, explicó el origen de su proyecto: "el año pasado hicimos una encuesta por redes sociales preguntando cuál era el trámite más inútil. Ganó la renovación del certificado único de discapacidad. El segundo puesto fue para los trámites vinculados al registro automotor, por los costos y los trámites innecesarios". Su propuesta se inspira en el modelo de Nueva Zelanda, 100% digital. Todos los datos requeridos se cargan online, ganando rapidez y con un punto relevante: el trámite sería totalmente gratuito. ¿Dónde? En RENDA (Registro Nacional Digital del Automotor), una plataforma para cargar inscripción de dominio, modificaciones, extinción, gravámenes, embargos y otras cautelares, además de denuncias por robo. En cuanto a los registros, el economista aclara que no propone cerrar los registros: "no estamos en contra del trabajo de los empleados pero hay un avance tecnológico que permite acelerar los procesos y que la gente elija si prefiere acceder al registro tradicional o al digital". Pero en definitiva, si la propuesta es la total digitalización, pocos usuarios optarían por el sistema tradicional, más burocrático y costoso... Desafío recaudatorioOscar Agost Carreño también propone una digitalización, ya que "a más de 60 años de su implementación, el formularismo del sistema no ha sufrido modificaciones". Por ello sugiere modernizarlo y ajustarlo a las necesidades que imperan en la sociedad moderna donde internet y los teléfonos inteligentes son el canal de casi todos los trámites y gestiones públicas y privadas. Cuando en la reunión surgió el tema de "las cajas", el diputado fue tajante: "hay una bomba por desarticular" en alusión a que los municipios y las provincias se quedan con 7 de cada 10 pesos que ingresan a los registros (verdaderas máquinas recaudatorias). El legislador también apuntó a los entes cooperadores, entidades privadas como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) y la Cámara de Comercio Automotor (CCA) que intervienen en el patentamiento de los 0 km y en el trámite de transferencia de usados respectivamente, generando otra caja. Señaló que funcionan como fideicomisos, no pasan por la Auditoría General de la Nación y nadie los controla, afectando la transparencia del sistema. "Inicialmente debían constituir un fondo pequeño para colaborar con el Ministerio de Justicia pero todo se convirtió en una fiesta de fondos; cada formulario es un costo más para el particular y plata que no entra al registro sino a los entes cooperadores".Terminar con los registrosSin lugar a dudas, el proyecto más radical es el de Patricia Vásquez, flamante diputada por la provincia de Buenos Aires (Pro). Propone eliminar los registros tal cual se los conoce y que sean reemplazados por un sistema de autogestión digital centrado en un Registro Único Nacional Digital (RUNDA) "para facilitar los trámites a los ciudadanos, reducir costos y terminar con los mecanismos de intermediación ineficientes". Al igual que las otras propuestas, este sistema plantea un arancel único con una sola erogación a cargo del ciudadano por el servicio registral no relacionado con el valor del bien a transferir. Además, propone un cambio drástico con un esquema de patente (placa) única para toda la vida vinculada a la persona y no al vehículo, además de un pago anual único de patente tampoco relacionado al valor del rodado. Este esquema es muy similar al que rige en Estados Unidos, explicado detalladamente en esta nota de TN Autos. Vásquez es categórica en su planteo. "Queremos terminar con el robo de los registros automotores, otro de los inventos de la política para saquearnos con impuestos, burocracia y trámites. Mi propuesta es terminar con esa intermediación que al ciudadano de a pie lo vuelve loco y le genera un costo injustificado. El 70 u 80 por ciento del costo se lo quedan los titulares del Registro y el Estado a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad, a los cuales les llega ese remanente. Con eso pagan contratos y dan incentivos a empleados públicos. Eso conlleva a que el Estado sea el principal empleador en negro. Hay que resolverlo". El papeleo, los costos y la transparencia del sistema son temas en común de estos proyectos que esperan debate e implementación por el bien del contribuyente y su esquilmado bolsillo.