Incendios en las islas : justicia federal sobreseyó a empresarios imputados
A casi cinco años del inicio de la causa por los incendios en el Delta del Paraná, el Juzgado Federal N.º 1 de Entre Ríos resolvió el sobreseimiento de los empresarios investigados, entre ellos miembros de familias reconocidas.
Casi un lustro después de las densas columnas de humo que cubrieron Rosario en 2020, la Justicia Federal de Entre Ríos dictó el sobreseimiento de los empresarios imputados por los incendios que arrasaron las islas del Delta del Paraná. La resolución fue firmada por el Juzgado Federal N.º 1 de Paraná y alcanza a figuras como Rufino Pablo Baggio -miembro de la tradicional familia de los jugos-, Enzo Rómulo Mariani y Enzo Federico Vignale.
El fallo, que llega tras años de debate judicial y presión social, marca un cierre sin condenas para una causa que generó fuerte repercusión ambiental y política.
Los incendios, que se multiplicaron entre la ribera de San Nicolás y el puente Rosario-Victoria durante julio de 2020, coincidieron con una combinación letal: pandemia, sequía y viento. Las columnas de humo llegaron a cubrir gran parte del cielo rosarino, disparando alertas sanitarias y reclamos ambientales.
La denuncia fue impulsada por la Municipalidad de Rosario y derivó en una investigación a cargo del fiscal federal Claudio Kishimoto, quien imputó a decenas de productores por presunta quema intencional en campos ganaderos de las islas.
La instrucción judicial incluyó declaraciones indagatorias en Paraná, con empresarios y productores que debieron trasladarse desde distintos puntos del país, ya que muchos no residían en la zona isleña.
Con el paso del tiempo, sin embargo, la causa fue perdiendo fuerza. La ausencia de pruebas determinantes que vincularan de forma directa a los imputados con los focos ígneos debilitó el proceso. El sobreseimiento fue parcial en primera instancia, pero luego de ser apelado por el municipio rosarino, la Justicia ratificó su postura y confirmó la desvinculación definitiva de los empresarios.
Así, el expediente se cierra sin culpables ni condenas, dejando sin responsables judiciales uno de los mayores desastres ambientales de la región en los últimos años.