Los votos de los diputados de Roberto Lavanga, del gobernador cordobés Juan Schiaretti y del interblqoue del excéntrico mendocino José Luis Ramón volvieron a ser la clave para que este miércoles el Frente de Todos apruebe la ley enviada por el ministro de Hacienda Martín Guzmán para reestructurar la deuda externa.
El interbloque federal, presidido por Eduardo Bucca e integrado por aliados del economista y el gobernador de Córdoba, aportó sus firmas al dictamen emitido durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas, este martes en el Anexo 3 de Diputados.
Temprano, se habían reunido informalmente y ninguno había condicionado su apoyo. Ni siquiera los cordobeses, interesados en que se incluya la refinanciación de las deudas provinciales, amenazaron con retacear su apoyo si esta negociación no avanzaba.
Aunque hubo algunos matices. El salteño Andrés Zottos para que las provincias sean tenidas en cuenta y también se contemple sus pasivos con el Anses y el Tesoro, pero firmó el dictamen sin esperar una respuesta.
El bloque de Lavagna y Schiaretti no condicionó su apoyo a la negociación con los gobernadores, a diferencia del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.
Y Jorge Sarghini, que es diputado en reemplazo del ministro Daniel Arroyo, se fue sin firmar el dictamen, que así tuvo 27 rúbricas de la Comisión de Presupuesto y 16 en Finanzas, constituido al mediodía y presidida por la kirchnerista Fernanda Vallejos. La mayoría necesaria para llevarlo al recinto.
El interbloque Juntos por el Cambio dejó en suspenso un dictamen en minoría hasta saber si los gobernadores de su espacio tenían algún gesto en la Casa Rosada.
No hacen falta para el quórum si los ocho del Unidad Federal para al Desarrollo, dirigidos por Ramón, apoyan sin reparos como prometieron. El mendocino sólo pidió una asistencia a los deudores de créditos Uva, que en realidad ya está incluida en la ley de emergencia, por pedido suyo. No está conforme con la respuesta del Gobierno.
Y reclamó la conformación de la bicameral de seguimiento de la deuda externa, que aún no funciona porque no empezó el período ordinario de sesiones y su rol es el seguimiento de la deuda y no tratar proyectos de ley. "Tiene que recibir información trimestral", recordó.
El plenario tuvo la asistencia de dos funcionarios: el asesor legal de Hacienda Cristian Dellepiane y el subprocurador del Tesoro Sebastián Soler, uno de los subalternos de Carlos Zannini, quien prefirió no visitar el Congreso como hacía en 2014 cuando era secretario legal y técnico de Cristina y se puso al frente de la negociación con los buitres.
"¿No va a venir ningún otro funcionario de Economía para explicar la negociación?", preguntó Alejandro García, del PRO, sorprendido por la talla de los invitados. Carlos Heller, a cargo del plenario por ser el presidente de la Comisión de Presupuesto, le recordó que se estaba debatiendo un marco legal para una negociación y no una propuesta a los bonistas.
Soler, un abogado con experiencia en finanzas en Argentina y en New York que el año pasado escribía columnas para el sitio web de Horacio Verbitsky, fue el más entusiasmado en explicar la ley, que si bien aceptó que no es necesaria, la consideró "aconsejable" para fijar posición ante el mundo.
Recordó que los bonos argentinos fueron de los canjes de 2005 y 2010 y los emitidos durante la gestión de Mauricio Macri, la mayoría bajo ley de New York y de Inglaterra. "El proyecto busca la sostenibilidad de la deuda, para que tenga un grado de coherencia con los objetivos del Poder Ejecutivo".
Destacó que continuarán siendo necesarios obtener mejor plazo y tasa para reestructurar pasivos y que los fondos buitres no volverán, porque la cláusula de acción colectiva permite cambiar las condiciones de pago con el respaldo del 75% de los bonistas, opción que no estaba vigente en los contratos de deuda de los 90. Pero recordó que es imposible conocer la identidad de los bonistas y por lo tanto la negociación es más compleja de lo que parece.
Explicó que la protección a los bienes del país que contempla la ley fue una imitación de la legislación estadounidense y evitaría una situación como la Fragata Libertad en Ghana. Si un bonista lo pidiera, el país donde haya activos argentinas chocaría con la ley de su país y la argentina.
Soler aclaró además que la prórroga de jurisdicción era necesaria en caso de emitir nuevos bonos para pagar los ya suscritos en otros países. "Este Congreso puede decidir hacer otra cosa, pero sería un problema más en la negociación", se excusó.
Dellepiane fue más escueto. Habló de la "conveniencia para la República de enviar este proyecto, no solo por el mensaje hacia el exterior, sino porque una vez que el proyecto entra en este ámbito, se transforma en política de Estado y no en una mera política del Gobierno", planteó.
