La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional emitió una carta abierta dirigida al presidente de la Nación, al jefe de Gabinete, al ministro de Economía, al secretario de Transporte y al administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, en la cual alerta sobre presuntas irregularidades en el diseño y la implementación de las concesiones viales provisionales en los pliegos recientemente publicados.
Según la entidad gremial, dichos pliegos no constituyen una concesión de obra pública en términos estrictos, sino un esquema de mantenimiento vial encubierto bajo un régimen de pago trasladado directamente a los usuarios mediante el cobro de divisas.
inconsistencias en el esquema de concesión
La misiva subraya que el modelo contractual propuesto no garantiza la ejecución de obras estructurales que aseguren un nivel adecuado de servicio en los corredores viales. En lugar de ello, se establece un conjunto de tareas específicas, tasadas por kilómetro o por unidad de medida, que la empresa concesionaria debe ejecutar a lo largo del período contractual. No obstante, el gremio advierte que estas tareas resultan insuficientes para restablecer un nivel óptimo de seguridad y comodidad para los usuarios.
"En términos técnicos y operativos, no se exige a las empresas concesionarias la asunción de riesgos económicos asociados a la operación y el mantenimiento de los corredores", señala el documento. "La ausencia de un estándar mínimo de servicio y de parámetros claros para la evaluación del estado de las rutas contradice los principios fundamentales de una concesión de obra pública".
limitaciones en la infraestructura y ausencia de planificación a largo plazo
La Asociación Gremial también destaca que el esquema propuesto contempla contratos con una duración mínima de veinte (20) años y máxima de treinta (30) años, sin que se prevea una evolución de la infraestructura acorde con el crecimiento demográfico y el aumento del tránsito vehicular. "Los pliegos no contemplan la construcción de autopistas, autovías, banquinas pavimentadas ni terceras trochas, lo que evidencia la falta de planificación estratégica a largo plazo", subraya el gremio.
Según los cálculos preliminares realizados por la entidad, las obras previstas se limitan a repavimentaciones mínimas durante los primeros años de la concesión (años 2, 3 y 4), con una segunda intervención programada entre los años 11 y 13. Posteriormente, no se contemplan nuevas intervenciones hasta la finalización del contrato, lo que podría comprometer la calidad y seguridad de la infraestructura vial a largo plazo.
autorización para actividades comerciales y riesgos patrimoniales
Uno de los aspectos más controvertidos señalados en la carta abierta es la autorización para que las empresas concesionarias desarrollen actividades comerciales complementarias dentro de la zona de camino y en terrenos remanentes. Entre las explotaciones permitidas se incluyen la instalación de centros comerciales, estaciones de servicio, paradores de camiones, hoteles, sucursales bancarias, restaurantes y otras instalaciones de carácter comercial.
"La habilitación de estas áreas de servicio dentro de la zona de camino no solo transgrede la normativa vigente de la Dirección Nacional de Vialidad, sino que también pone en riesgo la seguridad del tránsito y de los usuarios", advierte el comunicado gremial. "La infraestructura vial no está diseñada para albergar este tipo de desarrollos comerciales, lo que podría generar un impacto negativo tanto en la circulación como en la seguridad de las rutas".
falta de claridad sobre la titularidad de las inversiones
La entidad gremial también cuestiona la falta de disposiciones claras sobre la titularidad de las inversiones realizadas por las empresas concesionarias una vez finalizado el período de concesión. Este vacío normativo podría derivar en que las empresas mantengan la propiedad de las instalaciones comerciales ubicadas en terrenos que pertenecen al Estado Nacional, incluso si la administración del corredor es adjudicada a un nuevo concesionario.
"Este modelo contractual no solo compromete la integridad de la infraestructura vial, sino que también genera un beneficio económico desproporcionado para las empresas adjudicatarias, sin garantizar la prestación de un servicio acorde a las necesidades de la población y del tránsito", concluye el comunicado de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional.
