Las principales entidades agropecuarias de La Pampa emitieron una declaración en la que rechazan enérgicamente la Ley 3288 de "Gestión Integral de Plaguicidas" y su propuesta de reglamentación, argumentando que estas normas perjudicarán gravemente la producción en la región.
La declaración expone tres puntos críticos:
Desconocimiento de trabajos previos: Las entidades señalan que la Ley 3288 fue promulgada sin considerar el trabajo de la COPROSAVE en la actualización de la Ley 1173, trabajo en el que participaron representantes de entidades públicas y privadas. Además, afirman que durante su tratamiento legislativo se ignoraron los aportes de organismos técnicos y entidades del sector, que advirtieron sobre sus consecuencias negativas.
Rechazo a la reglamentación: Las entidades cuestionan el borrador de reglamentación de la ley, alegando que incrementa de forma innecesaria la carga burocrática, vulnera el derecho a la propiedad privada, criminaliza la actividad agropecuaria y afecta especialmente a los pequeños productores.
Exigencia de derogación: Las entidades advierten que la insistencia en aplicar la Ley 3288 conlleva serias consecuencias y solicitan al poder legislativo su derogación. Además, reafirman su disposición a colaborar en la elaboración de una nueva ley que proteja la salud, el ambiente y la producción en La Pampa.
Con esta declaración, el sector agropecuario pampeano busca generar conciencia sobre el impacto de la ley en la producción regional y plantea la necesidad de una normativa que contemple el avance tecnológico y las necesidades del sector.
Las entidades firmantes on Carbap , Federacion Agraria Argentina , Coninagro, Consorcios d de Experimentación Agricola , Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa , APALM y CAPROMA
