Una historia digna de una serie policial sacudió al sector agropecuario de Estados Unidos: cuatro hermanas de más de 70 años orquestaron una estafa sin precedentes contra el Departamento de Agricultura (USDA), presentando casi 200 reclamos falsos de discriminación para obtener pagos millonarios.
Lynda Charles, Rosie Bryant, Delois Bryant y Brenda Sherpell, oriundas del estado de Arkansas, simularon durante casi 10 años ser representantes de agricultores afroamericanos e hispanos que supuestamente habían sido discriminados por el USDA. A cambio de una comisión, presentaban solicitudes fraudulentas por las que cobraban hasta 62.500 dólares por persona. En total, su botín fue de más de 11,5 millones de dólares.
La operación, que duró entre 2008 y 2017, incluyó a casi 200 personas que ni siquiera eran agricultores, un abogado corrupto, una notaria que certificaba declaraciones falsas y un contador que adulteraba declaraciones de impuestos por cifras millonarias.
La maniobra se apoyó en una serie de acuerdos históricos por discriminación racial y de género que el USDA había firmado tras la demanda colectiva Pigford v. Glickman, iniciada por agricultores afroamericanos en 1997. Otros grupos también se sumaron: mujeres rurales, productores hispanos y nativos americanos, resultando en indemnizaciones multimillonarias.
Aprovechando este contexto, las hermanas comenzaron a reclutar personas en iglesias y eventos comunitarios, ofreciéndoles ayuda para acceder a los fondos. Les hacían firmar hojas en blanco, que luego rellenaban con historias falsas de discriminación. El dinero de los reclamos aprobados lo cobraba el abogado Everett Martindale, quien luego lo redistribuía entre las hermanas y los supuestos beneficiarios.
También participaba Niki Charles, hija de una de las hermanas y notaria pública, quien certificaba documentos apócrifos. Para el aspecto fiscal, se sumó Jerry Green, dueño de una oficina de impuestos, quien manipuló más de 80 declaraciones fiscales con montos falsos por más de 4,6 millones de dólares.
Los pagos se canalizaban a través de una empresa subcontratada por el USDA. Cuando algunas solicitudes fueron rechazadas, las hermanas incluso llegaron a demandar al propio Departamento de Agricultura por supuesta violación de sus derechos civiles. Mientras tanto, gastaban el dinero en propiedades de lujo, vehículos de alta gama y bienes raíces.
En 2019, el escándalo estalló. Una investigación del USDA y del IRS culminó en 115 cargos por fraude postal, lavado de dinero, evasión fiscal y conspiración. Finalmente, las hermanas admitieron su culpabilidad en 2022.
En junio de 2023, el caso cerró con las siguientes penas:
Lynda Charles, Rosie Bryant, Delois Bryant y Brenda Sherpell: 2 años de prisión federal y restitución por más de 9 millones de dólares.
Niki Charles (notaria): 16 meses de prisión.
Everett Martindale (abogado): 1 año y un día.
Jerry Green (contador): 1 año y un día.
Los fiscales confirmaron que los reclamos presentados eran completamente ficticios y que la mayoría de los "productores" jamás había trabajado la tierra. De las 192 solicitudes que gestionaron, todas fueron fraudulentas.
Este caso pone en evidencia las debilidades del sistema de compensación del USDA y la necesidad de reforzar los controles en los programas de asistencia agropecuaria, especialmente en aquellos destinados a corregir desigualdades históricas.
