Una decisión del gobierno nacional volvió a encender la alarma en el sur del país. La derogación de la Ley Ovina, dispuesta a través del Decreto 408/2025, provocó una ola de repudios en Santa Cruz, donde referentes políticos y rurales advirtieron sobre el impacto que tendrá en cientos de pequeños y medianos productores.
Desde Río Gallegos, el intendente Pablo Grasso fue contundente: "¿Qué país quieren? Están ensañados con disolver cualquier aporte, beneficio o subsidio para la Patagonia". A través de sus redes, el jefe comunal sumó su voz al creciente rechazo que atraviesa a las provincias patagónicas.
Aunque los fondos del régimen ya venían en caída libre -con una ejecución real de apenas USD 80.000 en Santa Cruz durante 2023-, su eliminación definitiva marca un antes y un después. No sólo se cierra una política pública que apuntaba al arraigo rural, sino que también se borra de un plumazo una herramienta que sostenía el acceso a energía, conectividad y mejoras en genética y manejo de majadas.
"El impacto puede no ser inmediato, pero será devastador", alertó César Guatti, delegado de CRA en la provincia. "Era poco, pero servía", insistió, al recordar que en 2023 la Patagonia recibió solo $302 millones, muy lejos del espíritu original de la norma sancionada en 2001.
El argumento oficial es claro: ineficiencia. Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que la Ley no logró revertir la caída del stock ovino y que se buscarán alternativas de financiamiento privado. Pero en el territorio, donde los tiempos productivos no siguen el ritmo de los decretos, la sensación es otra: "Es la muerte de la Ley Ovina", resumió Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS).
La desfinanciación progresiva que sufrió el programa desde hace más de una década fue debilitando su alcance, pero la estructura, aún mínima, permitía sostener un entramado social y productivo en zonas donde el clima, la distancia y los costos logísticos condicionan cualquier alternativa.
"Eliminar sin proponer nada real es desproteger al que ya está en desventaja", dijo otro dirigente rural, que pidió no ser citado. En la región, donde la actividad ovina representa más que una fuente de ingresos, se teme por el desmantelamiento del tejido rural.
La reacción de Grasso se suma a la de entidades rurales que, incluso antes de la sanción de la Ley Bases, ya alertaban sobre el riesgo de eliminar herramientas como ésta. "Se puede mejorar, pero no destruir", advirtieron entonces. Hoy, la advertencia se volvió realidad.
