El 3 de enero de 2025, con el juramento del 119º Congreso de Estados Unidos, se reactiva un tema clave: la creación de una nueva ley agrícola, según señaló Sam Kieffer, vicepresidente de políticas públicas de la American Farm Bureau Federation. "Llevamos casi dos años postergando esta discusión", afirmó.
El Congreso no solo debe abordar la legislación agrícola, sino también resolver otras cuestiones importantes como disposiciones fiscales que expiran en 2025, supervisión regulatoria y la finalización del presupuesto actual, que tiene vigencia solo hasta marzo.
Kieffer subrayó que su organización ha trabajado estrechamente con el equipo de transición del presidente electo Trump, buscando garantizar que las políticas agrícolas reflejen las necesidades de los productores. Sin embargo, las negociaciones enfrentan obstáculos, entre ellos la financiación del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que sigue siendo un punto de fricción.
El proyecto de ley agrícola, que financia programas agrícolas y de nutrición, ha sido prorrogado dos veces desde la expiración de la Ley de 2018. Los republicanos abogan por recortes en programas de nutrición para redirigir fondos hacia agricultores afectados por condiciones climáticas extremas y precios altos.
Por su parte, organizaciones como Feeding America critican esta medida, calificándola como una "falsa elección" que pone en riesgo programas vitales para comunidades vulnerables, mientras intentan proteger iniciativas como el Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia.
La capacidad del Congreso para avanzar dependerá en gran medida del liderazgo político. Mike Johnson, actual presidente de la Cámara de Representantes, busca asegurar su reelección en un contexto de divisiones internas dentro del Partido Republicano. Con una mayoría ajustada, Johnson necesita 218 votos para mantener su posición, lo que podría complicar las dinámicas de la Cámara.
A pesar de los retos, los expertos señalan que esta ley es esencial para equilibrar las necesidades de los agricultores y los programas sociales. El Congreso debe actuar rápidamente para garantizar que la nueva legislación no solo responda a las urgencias actuales, sino que también siente las bases para una política agrícola más robusta y equitativa en los próximos años.
