El tratamiento del proyecto de ley 1861/2024 en la Legislatura de Chaco, previsto para este miércoles 23 de abril, despertó una fuerte reacción por parte de organizaciones ambientales nacionales. Aves Argentinas, la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denunciaron que la iniciativa podría consagrar la comercialización legal de madera proveniente de desmontes ilegales, sentando un precedente alarmante para todo el país.
El artículo más cuestionado es el 45 bis, que se incorporaría a la Ley 2079-R, norma que rige las sanciones por deforestación no autorizada. En caso de aprobarse, dicho artículo permitiría que los productos forestales extraídos de desmontes ilegales puedan venderse bajo contratos privados, otorgando una suerte de "blanqueo" a una actividad actualmente penada por la legislación vigente.
"legalizar lo ilegal": el núcleo del conflicto
Desde las entidades ambientalistas advierten que este tipo de propuestas desmantelan el espíritu de la Ley Nacional de Bosques. "Se está buscando legitimar el negocio de la madera obtenida ilegalmente. Es una puerta abierta a la impunidad ambiental", alertó Francisco González Táboas, director de Coordinación Institucional de Aves Argentinas.
Chaco ha sido históricamente una de las provincias con mayores niveles de deforestación. En 2024 se registró la pérdida de casi 40.000 hectáreas de bosque nativo, pese a las restricciones legales. Desde 2007 hasta 2022, el área afectada superó las 500.000 hectáreas, de acuerdo a datos oficiales de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF).
entre la urgencia ambiental y la presión productiva
Sebastián Fermani, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre, advirtió que lo que está en juego es mucho más que un cambio legislativo: "Este proyecto desarma el sistema de protección existente. En lugar de castigar, lo que hace es habilitar una zona gris donde se debilita el marco normativo que tanto costó construir".
El documento conjunto presentado por las tres organizaciones exige la eliminación del artículo 45 bis y propone alternativas concretas: confiscación obligatoria de madera obtenida ilegalmente, penalización agravada si se produce quema posterior del área deforestada y mecanismos de fiscalización más eficaces.
El propio Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Producción, ya había elevado objeciones al proyecto. Sin embargo, el texto sigue su curso legislativo.
modelo en disputa: desarrollo o destrucción
"La discusión de fondo es si vamos a seguir tolerando prácticas extractivas que destruyen los ecosistemas o si vamos a construir un modelo verdaderamente sustentable", concluyeron las organizaciones firmantes.
En una fecha clave para la conciencia ambiental -el 22 de abril, Día de la Tierra-, la mirada está puesta sobre la Legislatura chaqueña y la decisión que tome respecto a un proyecto que podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra el desmonte ilegal en Argentina.
