La Sociedad Rural Argentina (SRA), a través de su Distrito 6 en Santa Fe, presentó una solicitud formal a las 365 municipalidades y comunas de la provincia para que informen públicamente cuánto recaudaron por la Tasa Comunal Rural entre 2019 y 2024 y cómo fueron utilizados esos fondos.
Según remarcaron desde la entidad rural, la tasa -establecida por la Ley Provincial N° 8173- debe destinarse exclusivamente al mantenimiento de los caminos rurales, un punto que, aseguran, no se estaría cumpliendo en muchas jurisdicciones. La iniciativa surge ante el creciente reclamo de los productores por la falta de infraestructura vial rural y la escasa o nula rendición de cuentas por parte de las autoridades locales.
La vocal del Distrito 6, Soledad Diez de Tejada, argumentó que la solicitud se ampara en el derecho al acceso a la información pública y en la Ley Provincial N° 14.256 sobre gobernanza de datos. Además, instó a los municipios a responder en un plazo máximo de 15 días, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales ante la Cámara Contencioso Administrativa.
La presentación exige, entre otros puntos:
- Detalle de la recaudación de la Tasa Comunal Rural (2019-2024).
- Balances económicos de cada comuna en el mismo período.
- Cantidad de hectáreas rurales alcanzadas por la tasa.
- Costos y documentación de los servicios brindados con esos fondos.
- Trabajos realizados en caminos rurales, según ordenanzas tributarias locales.
"Lo que nos motivó fue la falta de respuestas a nuestros pedidos de eliminación o reducción de retenciones. Desde el Gobierno nacional nos dijeron que reclamemos también a las provincias y municipios, así que decidimos dejar de quejarnos y exigir transparencia con fundamentos", señaló Diez de Tejada.
Además, la dirigente presentó un caso puntual contra la Comuna de Sancti Spíritu, solicitando la revisión de la ordenanza que regula la tasa y el reintegro de pagos indebidos.
El reclamo colectivo apunta también a sentar bases para futuras impugnaciones del régimen de la Tasa General de Inmuebles Rurales, ya que, según denuncian los productores, "se desconoce el destino de los fondos y no se refleja en el estado de los caminos".
En caso de no recibir respuesta en el plazo estipulado, los productores advirtieron que iniciarán acciones legales sin posibilidad de prórroga, y que las comunas deberán afrontar las costas judiciales por incumplimiento.
Esta avanzada del sector agropecuario marca un precedente en la exigencia de transparencia fiscal a nivel local y deja claro que los reclamos del campo también se trasladan a las administraciones comunales.
