En una revisión silenciosa pero significativa, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) retiró más de 70 oficinas del USDA de su controvertida "Wall of Receipts", la lista oficial de rescisión de contratos de arrendamiento para oficinas federales.
El listado, que en marzo incluía casi 750 oficinas a cerrar, hoy muestra menos de 500, y una buena parte de las retiradas pertenecen al Servicio de Agricultura (FSA) y al Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS), dos pilares en el acompañamiento técnico y administrativo para el agro estadounidense.
Hendersonville y otras oficinas salvan la lapicera
Una de las más representativas fue la oficina del FSA en Hendersonville, Carolina del Norte, que hasta el 21 de mayo seguía en la lista de cierre, pero el 28 ya no figuraba. La oficina renovó su contrato, según confirmaron fuentes locales, y este cambio sería parte de una revisión más amplia del DOGE.
También se han eliminado otras oficinas estatales del FSA en:
- Montgomery (Alabama)
- Madera (California)
- Lexington-Fayette (Kentucky)
- Annapolis (Maryland)
- Fargo (Dakota del Norte)
- Hato Rey (Puerto Rico)
- Nacogdoches (Texas)
Solo una oficina estatal del FSA sigue listada para cierre: Mayagüez, en Puerto Rico.
A nivel condado, 11 oficinas del FSA también fueron salvadas del cierre, incluyendo Bakersfield (CA), Roswell (NM), Wilkesboro (NC) y Gonzales (TX). Las tres restantes que siguen amenazadas, también, están en Puerto Rico.
El agro rural aún respira, pero con cautela
Entre las 36 oficinas del NRCS originalmente listadas, 23 ya no aparecen. Esto incluye puntos estratégicos como Fairbanks (Alaska), Salinas (California), Columbia (Missouri), Lincoln (Nebraska), y Saint Johnsbury (Vermont), entre otros.
No se ha emitido ninguna declaración oficial del USDA, pero el retroceso de DOGE llega justo tras la salida reportada de Elon Musk de la administración Trump, uno de los impulsores de estas políticas de "eficiencia radical".
Aunque se desconoce si estos cambios son definitivos, lo cierto es que el sistema federal parece haber moderado su ofensiva contra las oficinas rurales que, en muchos casos, son el único punto de contacto del productor agropecuario con el Estado.
